La Asociación de Magistrados de Bolivia se declaró en estado de emergencia por la reciente promulgación de la Ley de Protección de Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación. Los representantes de esta entidad indicaron que temen que la nueva norma ejerza presión sobre los jueces y elimine la presunción de inocencia de los acusados.
Advierten que presentarán un recurso de inconstitucionalidad cuando se presente el primer caso contra un administrador de justicia.
“El incremento de la sanción por el delito de prevaricato (que subió de ocho a 20 años) en casos de violación y feminicidio nos preocupa. Prácticamente puede ser utilizado como un medio de presión para el juez. Ahora por presión social, se hacen muchas cosas y una de ellas que salió por presión social y decisión política es precisamente esta ley”, manifestó el martes precedente la presidente de la asociación, Grenny Bolling.
La nueva ley fue promulgada el lunes por el Presidente Luis Arce. El ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que a partir de esta norma, “el juez que decida ir en contra de la ley o la Constitución merecerá una pena de hasta 20 años de cárcel”.
Lima, hizo esta declaración en referencia a los operadores de justicia que permitan la salida de la cárcel a feminicidas, infanticidas y violadores.
Tal es el caso de Richard Choque, quien fue condenado por asesinar a una mujer, pero consiguió su detención domiciliaria y libertad sin cumplir su pena de 30 años. En las calles mató a otras dos jóvenes. Según Bolling, ven el incremento de la pena desde otro tipo de óptica.
“No precisamente porque queramos protegernos de resoluciones que dictamos mal y que nadie nos toque. No es eso, nosotros vemos que el juez, al momento de emitir una resolución, tenga la independencia necesaria para actuar conforme lo establece la Constitución, las normas en vigencia y nuestra conciencia”, afirmó.
La ley determinó además que no habrá detención domiciliaria en casos de feminicidio, infanticidio y violación de niños.
Lima indicó que “no tendrán la posibilidad de salir de la cárcel los que tengan detención preventiva (por esos delitos)”.
Además añadió que la cesación de medidas cautelares no será revisada y no se decidirá ninguna liberación mientras el proceso se revise en Sucre.
“Se vio que la chicana y la demora innecesaria de los procesos hace que las personas terminen de dejar los centros de privación de libertad” señaló.
Por otro lado Bolling observó las limitaciones que el juez tendrá al otorgar una detención preventiva.
“Ahora, la detención preventiva es una regla y no una excepción como antes. Normas internacionales establecen que la detención preventiva no debe ser una constante. Estamos vulnerando derechos constitucionales.
Antes se presumía la inocencia, ahora se presume la culpabilidad”, explicó.
Los jueces tendrán una asamblea a nivel nacional para determinar qué acciones tomarán contra estos dos puntos así lo informó la representante.
“En ningún momento rechazamos la necesidad de la modificación de la ley, pero ésta debe ser completa y con la participación de todos los entes sociales.
No socializaron este proyecto de ley; cuando lo conocimos solicitamos una reunión con el ministro, pero no se dio. Se reunieron con algunos diputados, pero no se nos escuchó”, explicó la jurista.
/ABH
