Al menos nueve fallas que pueden repercutir en el esclarecimiento pleno del asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) en el municipio de Porongo, fueron detectadas por el constitucionalista Luis Alberto Ruiz.
Ruiz efectuó su investigación al margen de las herramientas establecidas en la Ley 913 de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, reportó el diario El Deber.
El constitucionalista analizó la imputación contra Misael Nallar, el principal implicado en el crimen, y otros dos acusados, además de las primeras actuaciones de la Policía y de la Fiscalía.
Según Ruiz, el tipo de armamento y la forma en la que actuaron los asesinos, además de otros antecedentes relacionados a la familia del principal acusado, son elementos que la Policía consideró en su investigación.
“La Policía no sólo fue humillada; le han dado un mensaje directo: Pena de muerte. Cuando ellos mueren, lo hacen mirando al piso y eso ocurre cuando las mafias envían mensajes para que no se metan con ellos”, aseveró.
Asimismo, cuestionó que no se hayan protegido a los testigos ni se haya declarado el caso en reserva, “como pasó, por ejemplo, en el tema de los ítems fantasmas” de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.
“Que se pida 30 años de cárcel por asesinato es importante, pero se trata de poner un límite a esto y no se lo hizo”, subrayó.
El hecho sucedió el 21 de junio, cuando dos policías y un voluntario del Gacip fueron ejecutados en Porongo; siendo el principal acusado Misael Nallar.
Observaciones del constitucionalista
Como primera observación, Ruiz mencionó que los cuerpos “aparecen como trofeos” y no se sabe quién los subió a esa camioneta.
“¿Cómo los recogió la Policía? ¿Estaban los entes especializados y la Fiscalía?”, añadió.
Resaltó que no se usaron mecanismos de control que tiene el Ministerio Público, así como una pericia en el cruce de llamadas telefónicas.
“Si bien los celulares desaparecen, no se sabe por qué no se hizo esa pericia entre esos horarios. ¿Quiénes se han llamado en esos momentos?”, cuestiona.
En cuanto a los testigos, indicó que no se les ofreció protección y según su criterio, los están exponiendo, por lo que considera que por temor no relatarán lo sucedido.
Aseveró que la Fiscalía debe declarar el caso en reserva para proteger a los testigos, por lo que no se aplicó la Ley 913; siendo esta aplicable cuando hay riesgos.
Posible narcotráfico
Por otro lado, señaló que como el caso no fue encarado como presunto delito de narcotráfico, no se activaron las intervenciones de las comunicaciones ni agentes encubiertos ni el colaboradoción eficaz.
Explicó que a un presunto narcotraficante se le debe quitar cualquier posibilidad de monetización para que no pueda, con ese dinero, corromper a jueces, fiscales ni políticos.
Expuso que la Unidad de Investigaciones Financieras debería investigar hasta el cuarto grado de todos los movimientos económicos de Nallar para analizar con qué dinero posiblemente puede corromper a las autoridades.
Finalmente, sostuvo que no se está usando colaboración internacional a través de la RAC, la entidad de cooperación internacional entre fiscalías, instituciones de cooperación de Ministerio Público a nivel internacional.
“Estas omisiones pudieron haberse cometido por temor, desconocimiento o un interés de proteger al narcotráfico”, remarcó.
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