La Fiscalía citó formalmente al jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Carlos Alarcón, para que preste su declaración en calidad de testigo en el caso “golpe I”, el que se reactivó tras la sentencia a la expresidente Jeanine Áñez en el proceso «golpe II».
La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas en el ejercicio funcional de las investigaciones por el caso “golpe I”, manda al funcionario policial “cite formalmente a Carlos Silvestre Alarcón” para que comparezca a prestar su “declaración informativa en calidad de testigo”, se lee en la citación.
Alarcón debe asistir ante el representante del Ministerio Público de la ciudad de La Paz el martes 5 de julio de 2022 a horas 10:00. El llamado es bajo conminatoria, ya que de no asistir se advierte con emitir una “orden de aprehensión”.
El caso denominado “golpe I” es investigado por la Fiscalía a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty. La pasada semana se presentó una solicitud de ampliación contra líderes opositores como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, entre otros.
La denuncia de la exdiputada del MAS es por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, el caso se activó después que la expresidente Jeanine Áñez fue sentenciada en el proceso “golpe II” a diez años de cárcel.
En días precedentes, la Fiscalía también convocó al asesor de Carlos Mesa, Ricardo Paz, en este mismo caso, el político participó de la reunión en la Universidad Católica Boliviana a pedido de la Iglesia y la Unión Europea cuando el país atravesaba por una crisis.
La solicitud de ampliación de denuncia y de tipos penales contra la expresidente Jeanine Áñez y los líderes políticos Carlos Mesa, Jorge “Tuto” Quiroga, Waldo Albarracín, Luis Fernando Camacho, Israel Alanoca y Samuel Doria Medina, planteada por la exdiputada del MAS Lidia Patty, es un paso más en la estrategia del MAS de perseguir y acallar las voces críticas al Gobierno y afianzar su versión de que en 2019 hubo un “golpe de Estado” y no un fraude electoral, según analistas y asambleístas opositores.
Áñez y las autoridades que la acompañaron en su administración entre 2019 y 2020, deben enfrentar ahora el caso “golpe de Estado I” por los delitos de terrorismo y conspiración.
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