El Gobierno de Bolivia, mediante la Cancillería, expresó su preocupación y no aceptó los comunicados emitidos por el Reino Unido y la Unión Europea (UE), los cuales cuestionaron el proceso judicial contra la expresidente Jeanine Áñez.
Tanto la Unión Europea, a través de su Alto Representante, como el Reino Unido hicieron público los pronunciamientos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia y las expresiones del Relator, Diego García-Sayán.
Asimismo, la UE consideró que “los procedimientos no respetaron plenamente el derecho al debido proceso de la señora Áñez”, mientras que el Reino Unido compartió las preocupaciones procedimentales señaladas por la Oacnudh y de García-Sayán, sobre la posible intervención política en el proceso.
Según autoridades de la Cancillería boliviana, el comunicado del Alto Representante de la Unión Europea contiene afirmaciones que no corresponden con lo expresado por la Oacnudh, según reporte de la red Erbol.
Aseveraron que el comunicado del organismo dependiente de la ONU “se elaboró resguardando que en su accionar y sus comunicaciones, no incurran en injerencia indebida en las autoridades de justicia”, mientras que el pronunciamiento de la UE “no considera ninguno de estos resguardos”.
Respecto al Reino Unido, la Cancillería rechazó que haga referencia a expresiones de García-Sayán las cuales consideran “un exceso sugiriendo que Jeanine Áñez sea procesada por las graves violaciones de derechos humanos en juicio de responsabilidades”.
Además mencionaron que el caso de la exautoridad, por las violaciones de derechos humanos, está actualmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“El Estado Plurinacional de Bolivia ha mostrado su más amplia predisposición para que Naciones Unidas a través de sus distintos órganos realice el seguimiento y las eventuales observaciones al proceso de la señora Áñez, sin que aquello implique, bajo ningún concepto, la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, señala el comunicado de la Cancillería.
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