Redes de Violencia Contra la Mujer de Tarija, Yacuiba, Caraparí y Villa Montes unieron sus voces a decenas de organizaciones, plataformas y colectivos nacionales e internacionales para denunciar la protección de militares acusados de violación en zonas fronterizas, por medio de un comunicado emitido la jornada precedente.
Al mismo tiempo, pidieron al Gobierno nacional una intervención inmediata para desmantelar lo que calificaron como una “estructura militar favorecedora de la violación y agresión a mujeres y niñas”.
“Denunciamos que en zonas fronterizas se cometen delitos de violencia sexual hacia mujeres y niñas por miembros de las Fuerzas Armadas”, se indicó en una parte del pronunciamiento.
Como ejemplo, mencionaron el caso de una violación grupal en la Escuela de Cóndores de Sanandita, que hasta ahora goza de impunidad, de acuerdo con los denunciantes, este es un claro caso de que la institucionalidad militar no ayuda con la búsqueda de justicia de las denunciantes.
La víctima era una niña de 12 años y fue abusada el 2008 por tres militares, de los cuales solo uno tiene sentencia condenatoria, el segundo implicado fue recientemente capturado en mayo y guarda detención preventiva, por otra parte, no se sabe el paradero del tercer supuesto autor.
En mayo de este año se registró otro caso de similares características en Villa Montes, donde una joven de 18 años fue violada por cuatro conscriptos del Regimiento de Artillería Pisagua, la víctima reconoció a tres de los cuatro autores, quienes ahora guardan detención preventiva.
“Estos no son hechos aislados, no olvidamos que en el mes de abril el militar de la Fuerza Naval de Bermejo, Alexander Huayllani, fue sentenciado con 30 años por violación agravada a menor de edad y, en 2015, una sargento del mismo Regimiento Pisagua de Villa Montes fue víctima de violación por Dante Seúl Navarro, comandante de este Regimiento”, se puntualizó en otra parte del documento.
Las organizaciones y colectivos exigieron al Gobierno aplicar castigos a los miembros de las Fuerzas Armadas con las penas estipuladas en la justicia boliviana, además de tomar acciones inmediatas para frenar los amedrentamientos a las víctimas y sus familias, según informó El Día.
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