Dos de los tres jueces que integran el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, que se encarga del caso denominado “golpe de Estado II” no tienen carrera judicial y «fueron puestos» solo para sentenciar a la expresidente, Jeanine Añez, aseveró su hija, Carolina Ribera.
Resaltó que designaron a los funcionarios para llevar el proceso, debido a que las fechas coinciden.
«Los dos jueces, Marco Antonio Vargas y Rocío Lupe Zabala, que estaban aplazados y no les daba para llegar a ser juez fueron posesionados el 18 de enero después de la acusación de mi madre. Fueron posesionados solamente para que lleven este proceso contra Jeanine Áñez con la instrucción de que sea condenada», manifestó en contacto con el diario El Deber.
El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Áñez el 30 de noviembre de 2021 y los supuestos delitos de los que se le acusan son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
En la audiencia de la pasada jornada, la defensa de la exmandataria solicitó la suspensión del juicio hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) responda a la queja al rechazo de la acción de inconstitucionalidad concreta, pero fue denegado.
El recurso pide que se declare como inconstitucional los artículos 153 y 154 del Código Penal, referidos al incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, debido a que son “genéricos y de imposible aplicación”.
El presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, Germán Ramos, fue el único disidente y argumentó que antes de retomar el juicio era pertinente que el TCP responda a la acusada en respeto del debido proceso.
Impedimento de asistir al juicio
Respecto al impedimento a la exmandataria de asistir a su juicio de forma presencial, sus familiares resaltaron que no es la primera vez que le niegan sus derechos durante el proceso.
La medida fue negada por la justicia, por lo que la audiencia se instaló esta jornada, y Añez deberá responder a las acusaciones por los presuntos delitos de los que se le acusa.
«A mi madre le han negado todos sus derechos en este proceso que es ilegal de principio a fin. Además de negarle y prohibirle estar presente en su propio juicio. Ayer lo solicitó dos veces y se lo negaron. No hay argumentos jurídicos de parte del presidente del Tribunal de por qué no puede estar en el juicio», sostuvo Ribera.
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