Se trata de la presidente de la Asamblea ecuatoriana, Guadalupe Llori, quien fue destituida la noche del martes reciente por una mayoría legislativa, fue acusada de incumplimiento de funciones al no convocar al pleno durante varias semanas.
A favor del cese de Llori, votaron 81 de los 82 presentes, entre ellos los de la bancada del derechista Partido Social Cristiano y del izquierdista Unión por la Esperanza, del expresidente Rafael Correa, según la agencia de noticias EFE.
Antes de tomar la decisión, los legisladores formaron una comisión multipartidista la cual recomendó la destitución de la presidente de la cámara.
Algunos de los legisladores del partido Pachakutik, del cual es parte Llori, promovieron su destitución, mientras que otros la defendieron. Además la exautoridad pidió a la justicia medidas cautelares para evitar su destitución, lo que finalmente no surtió efecto.
Tras la votación, el vicepresidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, asumió el cargo en reemplazo de Llori.
“Juro desempeñar esta alta función en beneficio del pueblo ecuatoriano (…) al país lo que le interesa es el pragmatismo, es decir legislar y fiscalizar”, manifestó Saquicela.
Asimismo, el nuevo presidente de la Asamblea, convocó para este miércoles reanudar la labor legislativa e hizo un llamado para que la institucionalidad de esa función del Estado sea respetada.
El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acusó a Leonidas Iza, a Jaime Nebot y a Rafael Correa de querer desestabilizar su Gobierno.
Con la destitución de Llori, el Ministerio de Gobierno, a través de su cuenta de Twiter, calificó ese acto como ilegal y resaltó que “este acto arbitrario afecta no solo la inestabilidad del Parlamento, sino la estabilidad política del país”.
“El Gobierno Nacional respeta la independencia de funciones, pero no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales, dejando de lado la seguridad jurídica y el bienestar de todos los ecuatorianos”, menciona el escrito.
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