Mediante un anuncio publicado en redes sociales, el Gobierno de El Salvador señaló este miércoles que pedirá al Congreso una nueva prórroga, la segunda, de un régimen de excepción que se inició el 27 de marzo, para continuar con su ofensiva contra las pandillas que ya dejó casi 35.000 detenidos.
“Luego de analizar los resultados de los dos meses del régimen de excepción, pedirán al consejo de ministros que solicite a la Asamblea Legislativa su prórroga”, señaló la Casa Presidencial en su cuenta de Twitter.
El Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se reunió la madrugada de este miércoles con su gabinete de seguridad y el fiscal General, Rodolfo Delgado, para evaluar los resultados de los dos meses que lleva el régimen de excepción.
En busca de contener la violencia de las pandillas, este régimen fue decretado el 27 de marzo y el 26 de abril entró en vigencia una primera prórroga de 30 días.
Bukele le declaró la guerra a las pandillas luego de que asesinaron a 87 personas.
En su lucha contra las pandillas, no había realizado en las últimas dos décadas detenciones de miles de supuestos pandilleros en tan corto período, como el del mandatario salvadoreño.
Según datos de la Policía Nacional Civil, desde el inicio de la ofensiva y en el marco de ese estado de excepción, fueron detenidos hasta el martes sin una orden judicial 34.585 personas, presuntos pandilleros, una cifra sin precedentes en los últimos 30 años en este país.
Si se considera a los 16.000 que ya estaban en prisión, actualmente hay 50.585 detenidos por presuntos vínculos con las pandillas, que se presume tienen unos 70.000 miembros.
Este régimen de excepción, permite a las autoridades detenciones de presuntos pandilleros sin orden judicial, restringe la libertad de asociación, en derecho a la defensa, amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga y faculta intervenir las comunicaciones.
A inicios de abril, el Congreso aprobó, a petición de Nayib Bukele, reformas para aumentar de nueve a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas y castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
La legislación también va dirigida contra aquellos que «marquen» sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades.
El Salvador sufre el asedio de las pandillas de Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras que suman unos 70.000 miembros, pero de acuerdo con los informes de las últimas detenciones, la cifra ascendería a casi 35.000 privados de libertad.
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