Santa Cruz, es una zona donde circulan cualquier cantidad de automóviles indocumentados, con autorización y pleno conocimiento de la Policía Boliviana, denunció el sábado reciente el abogado especialista en seguridad, defensa y desarrollo, Omar Durán. Además, señaló que la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) cobra entre 1.000 y 1.500 dólares al año de acuerdo al modelo.
“Lo peor es que Santa Cruz es un lugar donde hay cualquier cantidad de vehículos chutos, es normal pagar a Diprove, ellos dan una autorización, un código para circular; sabiendo que tu vehículo es chuto tienes que pagar 1.000 al año o 1.500 en dólares dependiendo del modelo, y acá están involucrados los altos jefes policiales, y es de su conocimiento, no lo pueden negar”, manifestó Durán a ANF.
Ante los cuestionamientos de los periodistas sobre los controles que no se hacen a las ferias de vehículos indocumentados en esa región, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, respondió que no es responsabilidad de la Policía.
“Esa atribución, la función de fiscalizar un vehículo documentado o no, no es atribución de la Policía Boliviana ”, enfatizó.
El pasado fin de semana, a través de un reportaje de la televisión chilena, se develó que existe participación de jefes policiales y al menos un militar en el tráfico y comercialización de autos robados en Chile y otros países.
Por este escándalo, la Policía apartó de sus filas al subdirector de Diprove Santa Cruz, Rolando Téllez, y al vocal suplente del Tribunal Supremo Disciplinario del Verde Olivo, excomandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, Raúl Cabezas Pantoja.
Durán sostuvo que el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el Comandante General de la Policía, Jhonny Aguilera, solo actúan cuando la sociedad critica los hechos delictivos y de corrupción en el que están involucrados efectivos policiales.
El abogado planteó que instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas, cuyos miembros están involucrados en hechos delictivos, siempre van a apañar estas acciones, por lo que amerita que se estructure una organización civil para controlarlas y fiscalizarlas.
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