El proyecto de Ley 179/2021-2022 que establece modificaciones al Código de Procedimiento Penal, para promover una justicia transparente para las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación, a través de un endurecimiento de penas para administradores de Justicia, que favorezcan por los delitos que se mencionaron, fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el jueves precedente.
La presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Lidia Tupa, manifestó que ante los hechos de violencia no se puede quedar indiferente, porque causaron luto y dolor en familias bolivianas, también indicó, que el proyecto de ley se propuso para devolverles la dignidad a las víctimas.
“La finalidad no solamente es endurecer las penas para que otros jueces o fiscales no se atrevan a cometer estos delitos. También, vamos a evitar que feminicidas, infanticidas y violadores estén libres en las calles”, argumentó.
Asimismo, la propuesta de ley que también fue formulada por el titular de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Juan José Jáuregui, surgió ante la preocupación sobre el actuar de algunos jueces y fiscales que benefician de manera arbitraria a sentenciados, así como el caso del exjuez Rafael Alcon quien dejo libre al violador y asesino múltiple Richard Choque cuando tenía una sentencia.
“Entendemos que existe una urgente necesidad de trabajar para resolver las situaciones que se han visibilizado esta gestión (caso Richard Choque), donde hemos sido testigos de una serie de actos irracionales, arbitrarios cometidos por administradores de justicia. Sabemos que con esta ley no se va a resolver el problema de la justicia, pero necesitamos avanzar paso a paso”, manifestó Jáuregui.
Por otro lado, el debate de la norma inició el jueves reciente y duro al menos cinco horas, la misma tiene dos artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición final, sin embargo, tras el análisis la disposición primera y final fueron suprimidas, luego de estos cambios el proyecto de ley fue enviado al Senado para su revisión.
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