La exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, recibió detención preventiva por 120 días en el Centro de Rehabilitación “Palmasola». La determinación se asumió tras las ocho horas que duró la audiencia de medidas cautelares, del caso de supuestos contratos irregulares activados por la pandemia del Covid-19.
La audiencia se instaló a las 11:30 de este miércoles, Sosa fue puesta ante un juez, sindicada por 1.205 supuestos contratos irregulares. La audiencia se desarrolló en el piso 14 del Palacio de Justicia, en el juzgado comandado por Albania Caballero.
La juez afirmó que tomó esa decisión porque supuestamente podría existir obstaculización de los riesgos procesales, reportó el diario El Deber.
El abogado de Sosa, Jerjes Justiniano, manifestó que inmediatamente concluyó la audiencia efectuaron la apelación.
Contratos irregulares
Según informó en su momento la Alcaldía cruceña desde la Dirección de Asuntos Jurídicos, los supuestos contratos irregulares por los cuales es investigada Sosa, presuntamente fueron firmados al final de su gestión y tenían solo tres meses de duración, además de la falta de documentación de respaldo para identificar a los funcionarios,
Caballero explicó que solo se consignó el delito de conducta antieconómica, dejando sin efecto los de contratos lesivos y uso indebido de influencias, porque no está establecido si realmente ocurrió ese daño económico.
“Es importante establecer de que hay unos supuestos contratos que pueden ser irregulares, pero no se ha demostrado que la imputada haya participado, simplemente se ha demostrado de que ella, a través de un decreto edil, ordenó que se haya creado nuevos contratos, y ahí hay supuestamente daño económico, pero eso lo va a determinar una auditoría”, manifestó.
Para el abogado de Sosa, en la audiencia, su defendida salió “bien parada”, por la disminución de delitos.
“Antes de la audiencia se la acusaba de tres delitos, después de la audiencia solamente queda con uno. El Ministerio Público quiso probar la existencia de cinco riesgos procesales y para la señora jueza solamente concurre un riesgo procesal; y finalmente, solicitó en la imputación 180 días de detención preventiva y la jueza solo dispuso cuatro meses (120 días). Creo que al final y al cabo, se ha demostrado también que estas personas, que supuestamente también eran contratos fantasmas, sí trabajaban, sí estaban en planilla, y que no es cierto que trabajaban para la campaña política”, indicó.
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