El régimen nicaragüense pidió ante la Asamblea Nacional el cierre y la ilegalización de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la jornada precedente, con el fin de evitar que documenten los supuestos abusos de autoridad ejercidos por el Presidente Daniel Ortega.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, manifestó mediante una conferencia de prensa que el Gobierno de Nicaragua no quiere que las instancias de Derechos Humanos documenten los abusos atribuidos al mandatario del país.
“No hay voluntad, por parte del Gobierno (del presidente Daniel Ortega), que hayan organismos de Derechos Humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en este país”, señaló.
De acuerdo con el activista, la CPDH es la última organización que promueve y defiende los Derechos Humanos legalmente en Nicaragua; desde diciembre de 2018 el Gobierno despojó de sus personerías jurídicas a distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) similares, entre ellas, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
Las organizaciones que fueron afectadas incluyen a ONG que defendían los Derechos Humanos, médicas, feministas, educativas, ambientalistas, indígenas, de periodistas, centros de pensamiento, universidades entre otras.
Además, en 2018 se dio por terminada la misión de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otra de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Respecto al cierre de la CPDH, Carmona aseguró que el Gobierno no solo afecta a la institución, sino a todo el pueblo nicaragüense.
“Era la única institución que estábamos (legalmente) para documentar las arbitrariedades y los abusos que se cometen desde los diferentes poderes del Estado y desde los diferentes funcionarios”, manifestó.
Según la solicitud del Ejecutivo, que posiblemente sea presentada mañana ante el Parlamento mayormente oficialista, la CPDH y otras 24 ONG incumplieron con sus obligaciones de ley, como el no registrarse como “agentes extranjeros” o no entregar sus estados financieros con sus desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones, ni sus juntas directivas, según informó Infobae.
Sin embargo, el representante de la institución defensora de los Derechos Humanos afirmó que la organización ya intentó entregar dichos documentos al Ministerio de Gobernación, pero esa cartera de Estado se negó a recibirlos.
El defensor agregó que de acuerdo a la ley, los bienes de la CPDH pasarán a manos del Gobierno, sin embargo, afirmó que la información de los opositores del Gobierno a los que defienden está segura en formatos digitales.
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