Se dispuso la intervención de los 21 juzgados disciplinarios que existen en el país, a partir de este miércoles, según se informó desde el consejo de la Magistratura, debido a que se encontraron casos de “aberraciones” en sus decisiones y retardación.
Los juzgados disciplinarios son aquellos donde se procesan las denuncias contra jueces y otros funcionarios del Órgano Judicial.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, indicó que jueces disciplinarios ineficientes “tardan lo que les da la gana” en los procesos, incluso más allá del plazo previsto por la ley 025.
Asimismo, indicó que se encontraron casos “aberrantes”, como de denuncias contra secretarios de juzgados que tardan dos o tres años en resolverse, cuando los denunciados ya pasaron a ser jueces y recién reciben sanciones de suspensión sin goce de haberes.
También manifestó que este tipo de casos son demasiado irregulares y no se quiere pensar que sean sólo casuales, puesto que incluso derivan en la paralización de procesos judiciales.
Según Molina, entre 2018 y 2022, en Santa Cruz y Tarija no hubo ningún destituido por los juzgados disciplinarios y que en Cochabamba sólo una secretaria fue echada del cargo, mientras que en La Paz se destituyó a 11 jueces, siete secretarios y otros funcionarios.
De esa manera, cuestionó que con esos datos, en Santa Cruz no existen faltas gravísimas, en Cochabamba tampoco, ni en Tarija. “Lo cual es obviamente falso”, resaltó el presidente de la Magistratura en conferencia de prensa con la Agencia de Noticias Fides.
Molina observó también que, en más de diez años de existencia, no se haya realizado algún tipo de control y fiscalización a estos juzgados.
Tomando en cuenta esos elementos, se determinó la intervención de los juzgados disciplinarios, la cual duraría una semana.
“Algo está ocurriendo y eso lo vamos a indagar. Vamos también a investigar la relación entre las denuncias presentadas con las resoluciones que se emiten”, finalizó la autoridad de la Magistratura, al terminar la entrevista, quien además destacó que éste proceso es un instrumento para transparentar la gestión del Gobierno.
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