Preocupa que la Fiscalía y la justicia soslayen el tratamiento de casos alarmantes como el secuestro de seis reporteros que cubrían el avasallamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz, en octubre de 2021. Dos personas fueron detenidas, pero la investigación permanece inconclusa debido a cambios de los responsables de recolectar antecedentes y a los lentos procedimientos para la detención y el enjuiciamiento de unos 80 encapuchados que fueron responsables del secuestro y la tortura.
La retención ocurrió en la población de Guarayos, durante siete horas, y terminó con una golpiza y destrucción de equipos de grabación de video y disparos de armas.
El Gobierno calificó el hecho como un simple incidente, mientras los afectados consideran que su vida estuvo en riesgo por el grado de violencia ejercido y las amenazas.
También, permanece impune la agresión de policías antimotines y la detención del periodista Carlos Quisbert, del diario Página Siete, registrada el 21 de septiembre, mientras realizaba una cobertura de un conflicto protagonizado por agricultores de hoja de coca.
El 4 de abril autoridades judiciales restringieron la cobertura de la prensa independiente al juicio de la expresidente, Jeanine Añez y sus colaboradores. Los periodistas fueron expulsados de la audiencia virtual.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) se pronunció el 6 de febrero a favor de la recuperación de la justicia, afectada por la falta de credibilidad y por no defender las libertades de prensa y expresión.
