La justicia peruana ordenó la pasada jornada 36 meses de prisión preventiva para Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del Presidente de Perú, Pedro Castillo, acusados de colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal, delitos que ellos negaron y que adjudicaron a una «persecución política».
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial emitió el mismo fallo para el exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, quien ejerció el cargo solo cuatro meses, debido a un escándalo de corrupción que lo obligó a renunciar, el detonante fueron 20 mil dólares en efectivo que se encontraron en el baño de su despacho.
La lista de imputados se completó con los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera Adrianzén, además del exdirector y exfuncionario de Provías Descentralizado, Edgar Vargas; esta compañía es dependiente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Todos ellos, fueron acusados por supuesta complicidad para otorgar al Consorcio Puente Tarata un contrato de obra pública por un monto de 232,5 millones de soles (62,8 millones de dólares), a cambio de sobornos, según informó RT.
La pena que fue impuesta por el juez Manuel Antonio Chuyo no puede hacerse efectiva por ahora, debido a que tanto los sobrinos del Presidente como su exsecretario están prófugos, y sus intenciones de entregarse a la justicia de su país es nula, de acuerdo con el mismo sobrino de Castillo.
«Somos parte de una persecución política y mediática, me he puesto a buen recaudo porque las intenciones de la señora fiscal en este tema son lastimar no a mí, sino al Gobierno de turno», afirmó de manera remota, también negó todas las imputaciones en su contra.
Desde que Castillo inició su mandatado en julio del año pasado, ambos primos empezaron a tener presencia recurrente en el Palacio de Gobierno e incluso se les vinculó con las reuniones clandestinas de gestión que presuntamente llevó a cabo el Presidente.
También se les relacionó con la empresaria, Karelim López, quien después de entrevistarse con el mandatario, logró contratos de obra pública para las empresas que representaba, lo que derivó en otra investigación por supuesto tráfico de influencias.
Vázquez Castillo aseguró que ni él ni su primo recibieron ningún tipo de soborno, ya sea dinero, regalos o viajes, para influir en las adjudicaciones, el acusado argumentó que solo acudía al Palacio de Gobierno por motivos familiares.
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