Los asambleístas departamentales de La Paz pidieron la prisión preventiva para el Gobernador paceño, Santos Quispe, quien a pesar de tener una orden de detención domiciliaria, la cual solo le permite salidas laborales, supuestamente incumplió sus restricciones al acudir a un partido de fútbol.
El asambleísta de la agrupación Jallalla, Lino Mamani reclamó que la autoridad paceña esté pasando su tiempo en actividades deportivas en vez de trabajar.
“En lugar de estar trabajando está jugando en horarios de oficina (…) en las redes sociales se ha podido ver que esta con ropa deportiva”, declaró durante una entrevista a Bolivia Tv.
Otro de los asambleístas observó que la autoridad, presuntamente, incumplió las restricciones establecidas en su detención domiciliaria, por lo cual anunció que presentará una solicitud a la autoridad competente para emitir una orden de detención preventiva para el gobernador paceño.
“Realmente a nosotros nos preocupa que este señor (Santos Quispe) en vez de trabajar, esté empezando a jugar, es decir el pueblo paceño le paga por jugar”, reprochó el asambleísta denunciante, Israel Alanoca.
Esta no es la primera vez que Santos Quispe es involucrado en escándalos de esta índole; el 1 de febrero, asambleístas paceños denunciaron mediante redes sociales y una transmisión en Facebook que el Gobernador de La Paz consumía bebidas alcohólicas en su despacho.
En aquel entonces, la Policía intervino el lugar y encontraron a la autoridad en presunto estado etílico, también informaron que se encontraron latas de cerveza en las oficinas, según informó la Agencia Boliviana de Información.
Debido a los elementos encontrados, la justicia determinó imponer a Santos Quispe detención domiciliaria con derecho al ejercicio de su derecho al trabajo, además del pago de una fianza de 70 mil bolivianos.
De esa manera, la autoridad es investigada por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y recursos públicos, además de obstrucción de la justicia.
Como parte de las restricciones, también se estableció una prohibición de consumo de bebidas alcohólicas para la autoridad departamental bajo el riesgo de que, en caso de ingerir dichas bebidas, se revertirán las determinaciones judiciales en su contra.
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