Bolivia dio inició a su intervención la jornada de hoy en la fase de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el Silala y afirma que Chile no tenía “razones sanitarias” para construir los canales artificiales por donde fluyen los manantiales y abrió la posibilidad de que puedan ser desmantelados.
Los argumentos fueron sustentados por el abogado y miembro del equipo jurídico internacional de Bolivia, Gabriel Eckstein, quien dijo que el Silala “no puede ser descrito puramente con un curso de agua internacional natural” como lo afirma el vecino país ya que fue canalizado artificialmente para aumentar su caudal.
Argumentó que, según la investigación que hizo la firma DHI, la compañía Ferrocarril Antofagasta Bolivia “FCAB” (FC AB) realizó las canalizaciones para presuntamente “inhibir la reproducción de insectos en la cabecera del río Silala” lo que evitaría la contaminación del suministro de agua potable.
“Dada la magnitud de la infraestructura de drenaje artificial que se instaló en el territorio boliviano, con miles de cañerías, parece increíble que el único objetivo de esta empresa fue simplemente reducir la producción de huevos de insectos, por el contrario, la principal consecuencia del extenso sistema de drenajes fue potenciar los lujos superficiales del Silala desde Bolivia hacia chile”, aseguró Eckstein.
Además sostuvo que ya en 1908 el FC AB tenía planes para instalar obras de canalización “en el curso superior del Silala en Bolivia donde se producían los manantiales”, además que la compañía quería “encontrar una alternativa viable al dificilísimo transporte de aguas no aptas en cisternas a grandes distancias”.
Por su parte el abogado francés Alain Pellet cuestionó que Chile se haya “apresurado” en presentar su demanda ante la CIJ sin haber esperado a que se realizarán estudios científicos y sin acordar una visita técnica conjunta como había propuesto Bolivia para aclarar la naturaleza del Silala.
Manifestó que Bolivia tiene la “firme intención” de revitalizar los bofedales del Silala pese a que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.
“Aunque no se ha tomado una decisión definitiva, el Gobierno cree que la mejor manera de hacerlo será procediendo al desmantelamiento de las instalaciones, aunque se puedan considerar otras posibilidades más costosas”, anunció.
La posición expresada por Pellet fue en respuesta a la intervención del abogado de Chile, el inglés Samuel Wordsworth del pasado 1 de abril, cuando había señalado que no se opondría a la destrucción de las canalizaciones civiles.
“En lo que se refiere al desmantelamiento corresponde a Bolivia y no a Chile evaluar si lo hace y cuando a menos que la idea de las competencias soberanas pierdan sentido”, sostuvo Pellet.
Durante esta jornada de alegatos, Bolivia sustentó que las canalizaciones construidas tenían hasta un metro de profundidad y un metro de ancho. Muchos incluso fueron revestidos con rocas planas y mampostería de piedra para proporcionar apoyo estructural, lo que ocasionó una afectación en la vegetación y que el ecosistema no se mantenga preservado.
/HNF/
