La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía y la Policía allanaron este martes las oficinas de la Gobernación de Santa Cruz, donde se controla la Gaceta Oficial del Departamento, por el caso del Decreto 373 en la que se relegó al vicegobernador, Mario Aguilera y se disponía atribuciones a otro funcionario de menor rango.
El operativo responde a la denuncia presentada en contra del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
El portavoz de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Departamental, Clemente Ramos, presentó ante la Fiscalía Departamental la denuncia que impulsó el proceso. El asambleísta pidió se investigara la emisión del decreto 373 y su posterior anulación en la Gaceta Oficial del Departamento.
La semana anterior se conoció la existencia de un decreto en el que se relegaba al vicegobernador, Mario Aguilera, y otorgaba las atribuciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. El decreto 373 fue publicado en la Gaceta Oficial y borrado de la misma manera, instantes después, según reporte de El Deber.
Desde la Gobernación cruceña se asegura que la normativa «no está vigente». Anunciaron una investigación para conocer cómo es que llegó a publicar el decreto.
El operativo estuvo encabezado por la fiscal Rose Mary Barrientos. Los funcionarios de la Gobernación cuestionaron la actitud asumida por el Ministerio Público y la celeridad para allanar la institución departamental.
Se trata de la segunda vez que Anticorrupción allana las instalaciones de la Gobernación durante el mandato de Luis Fernando Camacho. Al igual que la anterior ocasión, el operativo del Ministerio Público se realizó en menos de 24 horas de asentada la denuncia.
«En 15 años de gestión de Rubén Costas nunca se allanó la Gobernación», detalló un funcionario de la institución, que pidió mantener en reserva su nombre. También comparó el operativo con la desidia mostrada por el mismo Ministerio Público para indagar las denuncias contra el gobernador de Potosí por la denuncia en la compra de ambulancias.
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