En el Día de la Mujer manifestantes en todo el mundo pedían que se respeten y amplíen sus derechos, mientras que en Guatemala el Congreso aprobó la jornada anterior una ley que “endurece” las penas de cárcel por aborto, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual.
De esa manera, la llamada Ley para la protección de la vida y la familia fue aprobada tras casi cinco años de debates en el Congreso del país centroamericano.
Su principal fundamento es la defensa de un modelo nuclear de familia, siempre con un padre y una madre. De ahí que una de sus principales “puntas de lanza” sea la lucha contra el aborto, por lo cual establecen que cualquier mujer que sufra un aborto espontáneo o intente acabar con su embarazo se expone hasta 25 años de cárcel.
Hasta 50 años de prisión podrá recibir la persona que la haya ayudado a abortar. Es el aborto terapéutico, el único posible legalmente en Guatemala, el cual estará ahora más restringido.
Además, se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y se sanciona toda institución que promueva modelos de vida fuera de la heterosexualidad.
Asimismo, la oposición de izquierda de ese país, criticó una ley que criminaliza la homosexualidad y viola los derechos de la mujer.
«Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio», declaró el diputado del partido izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Walter Félix.
Desde la oposición se apunta a que el texto sería inconstitucional por vulnerar los derechos de dos colectivos, las mujeres y los homosexuales. Lo mismo opinó el procurador de derechos humanos, Jordán Rodas.
El Procurador acompañó el martes precedente al pequeño grupo de mujeres que protestó ante el Parlamento de Guatemala contra la ley y anunció una batalla para que el texto sea declarado ilegal por la Corte de Constitucionalidad.
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