El viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Wilder Quiroz Guzmán, enfrenta dos denuncias interpuestas en febrero ante el Ministerio Público. Los documentos muestran una primera demanda por uso indebido de influencias y conducta antieconómica; la segunda, por falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado.
En ambos casos se establece como víctima al Estado Plurinacional de Bolivia.
Asimismo, la autoridad habría incurrido en la contratación presuntamente irregular de cuatro servidores públicos bajo la modalidad de consultoría en 2021. La segunda denuncia es por entregar una boleta de garantía “falsa” en 2017 dentro del proceso de contratación de “Construcción Planta Procesadora de Lácteos Distrito Cañadas”.
Ambas denuncias fueron presentadas el 10 de febrero de este 2022 por los diputados oficialistas Héctor Arce, María Cristina Choque, Lucy Escobar, Jhonny Pardo, Cecilio Alanes y Felicia Alejo, según reporte de El Deber.
De esa manera, la autoridad de dicha cartera de Estado señaló que desconoce ambas denuncias y manifestó que averiguará las acusaciones en su contra. Quiroz fue posesionado por el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, el 26 de noviembre de 2020.
Supuestos contratos “irregulares”
La denuncia por los cuatro procesos de contratación eventuales también señala además del mencionado viceministro a los contratados Celso Ch. C., Josseline Ch. S., Izzat R. N., Guido V. F. como denunciados.
La demanda escrita indica que en los informes presentados por Celso Ch. C., contratado como abogado en análisis convenios y acuerdos intergubernativos, no se cumplen con los objetivos de Contratación ni los Términos de Referencia, tampoco muestran avances y fines de la consultoría.
Según el contrato de Izzat R. N., el denunciado debía cumplir sus funciones en La Paz, pero este hacía su registro biométrico en la Unidad Desconcentrada Valles UDV/VRHR en Cochabamba, oficina presuntamente creada por el viceministro Quiroz.
La denuncia apunta que el diputado Héctor Arce, perteneciente al Movimiento Al Socialismo (MAS) constató ambos casos. Lo mismo ocurriría en el caso de Guido V. F quien debía prestar servicios en Sucre y lo hizo en la oficina descentralizada de Cochabamba, aunque no estaba en comisión.
En los tres casos, es el viceministro Quiroz fue quien aprobó los informes mensuales de los funcionarios y no así los responsables de área. Los exfuncionarios son denunciados por incumplimiento de contrato.
En el caso de la contratada Josseline Ch. S., luego de una corroboración con la Universidad Mayor de San Simón, se verificó que presentó un diploma académico de Contador General “falso” y la denuncian por falsedad material y uso de instrumento falsificado.
“Las contrataciones no han sido de utilidad para la Entidad, aspecto que ha ocasionado al Estado un daño económico por la suma de más de Bs 221.862”, señala finalmente el memorial.
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