Tras la investigación de las presuntas irregularidades en la compra de las 41 ambulancias en el departamento de Potosí, el gobernador potosino, Jhonny Mamani, fue citado por la Fiscalía en dos oportunidades para que declare sobre este caso; sin embargo, no acudió a la convocatoria por diferentes motivos, informó este jueves la presidente interina del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz.
Asimismo, detalló que en la primera citación, la autoridad departamental alegó problemas de salud para no asistir a prestar su declaración por el caso denominado “ambulancias fantasmas”, y en la segunda dijo que estaba de viaje.
“Según el investigador, (el gobernador) ha sido citado dos veces y las dos veces no fue, primero a argüido que está enfermo, otra que está de viaje», señaló Graz en contacto con ANF.
La representante de la entidad cívica lamentó que las indagaciones sobre las denuncias no avancen y que la Fiscalía esté retardando la investigación para esclarecer las presuntas irregularidades en la compra de “ambulancias fantasmas” para el departamento.
“Hemos realizado los requerimientos respectivos para que se presente la documentación, se han llevado requerimientos a la Gobernación, a Impuestos Nacionales, a la Aseguradora Alianza y también a Fundempresa, entonces con estos requerimientos lo lógico era que tenía que ir el gobernador y realizar su declaración, pero hasta ahora siguen retrasando”, dijo Graz.
En tanto el representante de la Federación de Campesinos de Norte Potosí, Mario Córdova, aseveró que la justicia se parcializa y encubre al gobernador Mamani y le da tiempo para esconder o manipular las evidencias.
También coincidió con la presidente de Comcipo y agregó que la justicia debe asumir acciones y la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí debe suspender a Mamani mientras dure la investigación, según reportó el diario Los Tiempos.
El dirigente potosino sostuvo que el caso ambulancias de Potosí es más grave que el caso de La Paz, en el que el gobernador Santos Quispe fue aprehendido presuntamente por consumir bebidas alcohólicas en su despacho, y el caso de Colcapirhua en Cochabamba, cuyo alcalde fue aprehendido por presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas antígeno nasal.
“Viendo lo que es la situación de La Paz y Colcapirhua, lo de Potosí es mucho más grande, grave, más complejo y la ley tiene que intervenir y castigar”, concluyó Córdova.
La asambleísta departamental, Azucena Fuertes, cuestionó a los operadores de justicia, porque en otros casos “de menores delitos” las acciones fueron inmediatas, haciendo referencia a los casos de La Paz y Colcapirhua.
“Veamos la agilidad con la que se ha actuado con el alcalde de Colcapirhua, sin embargo, no vemos el mismo proceder con el gobernador de Potosí, hay cinco denuncias penales por este hecho (caso ambulancias) donde se ha pedido la ampliación de la investigación, pero no vemos resultados concretos y tememos que las pruebas puedan estarse contaminando porque la primera autoridad departamental y sus colaboradores continúan en el cargo”, expresó Fuertes en contacto con la ANF.
La Federación de Campesinos del Norte de Potosí informó que iniciarán un bloqueo indefinido de caminos para exigir a la justicia asumir acciones en el caso ambulancias y para que la Asamblea Departamental suspenda al gobernador.
Antecedentes
La Gobernación potosina solicitó, en octubre de 2021, modificar el presupuesto de la región para incorporar 20.5 millones de bolivianos para adquirir las ambulancias en los términos de un proyecto “de fortalecimiento de las redes municipales de salud”.
La idea era dotar una ambulancia a cada municipio potosino. El acta de entrega fue firmada a las 17:00 horas del 31 de diciembre del 2021. No hubo un acto público y los vehículos están en Dubái, a la espera de ser despachados a Chile. Sin embargo, la Gobernación de Potosí decidió anular el proceso de contratación.
El monto del contrato para las 41 ambulancias fue de 20.5 millones de bolivianos y se firmó el 26 de noviembre del 2021 con un plazo de entrega de 40 días.
El tiempo límite venció el 31 de diciembre del 2021. Según esta operación, el costo de cada motorizado ascendió a 500 mil bolivianos, un monto menor al capital inicial que declaró la “importadora” en Fundempresa.
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