Fue un tribunal de Manhattan, en Estados Unidos (EE.UU.), el cual acusa a Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas de Bolivia, de participar en el envío de una tonelada de cocaína al país del Norte. El programa de Recompensas del Departamento de Estado ofrece cinco millones de dólares por información que facilite la condena del exjefe antidrogas del Gobierno de Evo Morales.
Desde Nueva York, el fiscal del tribunal del distrito Sur de Manhattan, Damian Williams, y la Administradora de la Agencia Antidroga (DEA), Anne Milgram, acusaron a Dávila de «importar cocaína» a EE.UU. y de «posesión» de armas.
«Se cree que Dávila, como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), usó su cargo para salvaguardar aviones utilizados para transportar cocaína a través de terceros países para su distribución en Estados Unidos», señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al anunciar dicha recompensa.
La Fiscalía neoyorquina consideró que en vez de «erradicar el tráfico de drogas en su país», cuando era jefe de la agencia que combate los estupefacientes, Dávila trabajó en asociación con los laboratorios de la droga bolivianos y envió más de mil kilos de cocaína a Estados Unidos.
Asimismo, se lo acusa de «abusar de su posición» para servirse de policías bolivianos, armados con ametralladoras, para proteger y transportar envíos de cocaína.
Dávila, quien es apodado «Macho», fue arrestado el 22 de enero en Bolivia cuando intentaba cruzar a Argentina y desde entonces permanece detenido, informó días atrás el gobierno de Luis Arce.
EXTRADICIÓN A EE.UU.
El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, confirmó, la jornada anterior, el pedido de extradición remitido desde Estados Unidos al referirse a «una solicitud de detención preventiva con fines de extradición» de Dávila. También detalló que la embajada de ese país tuvo “la gentiliza diplomática” de reportar al Gobierno el alcance de la recompensa, “que solo rige para territorio en ese país”.
Sobre la posibilidad de validar el pedido de extradición, Mayta traspasó la responsabilidad a las autoridades judiciales.
«Si se cumplen los requisitos», el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá la solicitud «al Tribunal Supremo de Justicia, que… es la instancia que define sobre su procedencia o no», declaró el ministro.
Con mayor contundencia se expresaron autoridades del partido de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS). Parlamentarios oficialistas pidieron respeto a la “soberanía” y afirmaron la defensa del actual modelo “nacionalizado” de lucha contra el narcotráfico que se aplica sobre la base de “la no intromisión, el respeto a los derechos humanos y el control social por parte de los productores de coca”.
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