Con una calificación de 30 puntos sobre 100, Bolivia continúa entre los países de mayor percepción de la corrupción en el mundo. Tras una inspección, elaborada por Transparencia Internacional (TI), que examinó a 180 países de los diversos continentes.
El índice de Percepción de Corrupción (IPC), es el principal indicador global de la corrupción en sector público desde 1995.
Para la gestión 2021, Bolivia obtuvo un puntaje de 30 sobre 100, lo que implica que bajó otro punto en la calificación respecto al 2020, cuando obtuvo 31 puntos.
Respecto a la ubicación en el ranking de transparencia, se sitúa en el puesto 128, cuatro puestos más abajo respecto a un año anterior.
Bolivia es el tercer país sudamericano con mayor percepción de corrupción. Paraguay tiene una calificación similar de 30 puntos y Venezuela 14.
Contrariamente, Uruguay sigue siendo el país sudamericano más cercano a la transparencia, con un puntaje de 73 sobre 100, por el que ocupa el puesto 18 entre los mejores calificados del mundo.
Chile se mantuvo con 67 puntos, en el puesto 27; Colombia calificó 39, en el puesto 87; en tanto que Argentina bajó su puntaje a 38, con el que ocupa el puesto 96, según reportó ANF.
Transparencia Internacional identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el índice.
El TI señaló que la complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa.
Asimismo, explicó que conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, agrega, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción.
“Los derechos humanos son más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes y hacen que tomar acción contra la corrupción dependa de los caprichos de una élite”, declaró la presidente de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio.
También detalló que la única ruta sostenible hacia una sociedad libre de corrupción es asegurar que la población tenga la posibilidad de hablar libremente y trabajar colectivamente para pedir respuestas a aquellos en el poder.
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