La Fiscalía de Tarija imputó este lunes al gobernador Óscar Montes y al alcalde Johnny Torres, por los presuntos delitos de separatismo e instigación a delinquir, luego de liderar el paro cívico de noviembre del 2021, cuando se demandaba las abrogaciones de la Ley 1386 y otras normas. También se incluyó al presidente del Comité Pro Intereses, Adrián Ávila, y al secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Autotransporte, Gabriel Pérez.
Según la imputación, las dos autoridades y los dos dirigentes deben presentarse el 28 de enero de este año a una audiencia con medidas cautelares en un juzgado del Tribunal de Justicia Departamental (TJD), según reportó el diario El Deber.
El alcalde, calificó como una “locura absoluta” a la imputación del Ministerio Público, que actuó con celeridad en este caso que «es parte de la persecución y judicialización de la política», después que él invocó a la no violencia y promovió el diálogo en noviembre del pasado año.
“Este tiene móviles políticos y quedará en la historia que debo ser el alcalde que sea juzgado por separatismo y no por corrupción. Así estamos y vamos seguir con nuestra lealtad al pueblo tarijeño”, expresó Torres.
En tanto Ávila lamentó que la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, se preste a esta situación, luego que él actuó en defensa de Tarija porque representa la voluntad del pueblo tarijeño.
Montes aún no se pronunció respecto a la imputación, mientras la dirigencia de la Federación Departamental del Autotransporte se reunirá para evaluar el caso y asumir una posición al respecto.
Antecedentes
La fiscalía investiga el caso con base en la denuncia realizada por el ejecutivo de la Federación Sindical única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre del 2021, tres días después de que se inició la medida de presión en contra del Gobierno.
Tarija al igual que otras regiones del país se movilizó en contra de la Ley 1386 de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que terminó siendo abrogada por el Gobierno de Luis Arce, según reportó el diario Los Tiempos.
En esa ciudad se instalaron de cuatro hasta 33 puntos de bloqueo entre el 8 y 12 de noviembre del 2021. En ese periodo se registraron enfrentamientos entre quienes se movilizaban y grupos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que rechazaban las protestas.
El dirigente campesino en su denuncia señaló que las autoridades al “sumar” el apoyo de sus instituciones a las protestas se generaron enfrentamientos que dejaron como resultado personas lesionadas.
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