La anulación del contrato “no diluye las responsabilidades” que puedan existir al respecto, afirmó el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, sobre el caso de la compra de 41 ambulancias por la Gobernación de Potosí. Aseveró que el Viceministerio de Transparencia tomó “cartas en el asunto”.
“Es un tema que requiere una respuesta contundente”, subrayó Lima en contacto con la red Erbol.
La autoridad resaltó que el contrato fue anulado y que no se pagó recursos del Estado; sin embargo, reiteró que “eso no es suficiente”.
“Desde la perspectiva del Gobierno y nuestra política de cero tolerancia a la corrupción, es necesario que analicemos todo el procedimiento y las responsabilidades que se pueden generar”, añadió.
Explicó que la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, tiene un equipo trabajando en Potosí y se espera que el lunes brinde una conferencia de prensa, para informar sobre las acciones que se tomarán.
“Entendemos que no se puede diluir la responsabilidad con la anulación del contrato y el no pago de recursos públicos, cuando el Derecho Penal analiza estas situaciones de Derecho Administrativo hay figuras de tentativa, de participación en la comisión de un delito que requieren un estudio”, señaló.
Asimismo, aclaró que se respetará el derecho de todos los ciudadanos de presentar sus argumentos de descargo.
“Estamos en ese proceso y lo vamos a continuar porque, de ser necesario, tendrán que iniciarse las acciones correspondientes”, sostuvo.
Por otro lado, destacó que tuvo una reunión con el gobernador de Potosí, afirmando que brindó la información solicitada y, además, otorgó acceso absoluto para hacer una investigación.
Comisión para fiscalización
A la par de la investigación que se realiza en Unidad de Transparencia, en horas precedentes, la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí formó una comisión especial para fiscalizar el caso; sin embargo, sólo la integran asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El presidente de la Asamblea Departamental, Marcial Ayali, señaló que la comisión indagará si en el proceso de contratación hubo delito o daño al Estado.
Se investiga la contratación por 20.5 millones de bolivianos a una empresa de reciente creación, para la compra de 41 ambulancias, en la que se denunciaron varias irregularidades.
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