Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenaron el asesinato en Honduras del líder indígena lenca y periodista comunitario Pablo Isabel Hernández Rivera, y reclamaron una investigación pronta y diligente del crimen.
Fue el 9 de enero, según indicó la CIDH en su declaración, que personas desconocidas dispararon contra Hernández Rivera mientras él se dirigía a la iglesia en el municipio de San Marcos de Caiquín, en el Occidental del departamento de Lempira.
El periodista murió inmediatamente en el ataque.
Hernández Rivera era director y periodista de la radio comunitaria Tenán 94.1 F.M, “La voz indígena Lenca”, y en su comunidad era conocido por su cobertura crítica de asuntos de interés local. A su vez, la radio retransmitía el programa “Voces contra el olvido”, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.
Asimismo, la relatoría y la CIDH fueron informadas de que en los recientes años Hernández Rivera habría reportado amenazas contra su vida, en diciembre de 2020 fue objeto de declaraciones estigmatizantes, y en 2021 se habían declarado amenazas y realizado acciones de sabotaje contra la Radio Tenán.
De esa manera, las entidades solicitaron a las autoridades de Honduras analizar si la actividad de defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo fue un móvil de este hecho punible, de acuerdo con los estándares interamericanos.
Además de periodista comunitario, Hernández Rivera fue un destacado líder indígena, integrante de la Red de Defensores de Derechos Humanos de Lempira, alcalde mayor de la Auxiliaría de la Vara Alta, que es el gobierno tradicional del pueblo lenca, y presidente de la asociación cultural indígena en la zona.
Desde su sede regional en México, la organización internacional mencionó el Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información y observó que el crimen coincide con críticas desde Radio Tenán hacia la gestión del alcalde municipal Efraín Muñoz.
La CIDH y la relatoría urgieron al Estado hondureño a investigar de oficio estos hechos, enjuiciar y sancionar tanto a los responsables materiales como intelectuales, y a que se tenga como primera hipótesis el papel de periodista comunitario y líder indígena que Hernández Rivera ejercía dentro de su comunidad.
También solicitaron que se procure la incorporación de un enfoque diferenciado étnico, racial en la investigación, juzgamiento y sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, así como dar garantías de no repetición.
En Honduras fueron asesinados en los recientes 20 años un total de 85 periodistas o dueños de medios de comunicación, los más recientes fueron tres en 2019 y cuatro en 2020, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras.
Finalmente, el lunes 17 también fueron asesinados dos periodistas en México, el país latinoamericano más letal para el ejercicio de esa profesión.
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