Desde la Fiscalía, informaron este miércoles que se presentó la acusación formal contra ocho personas, incluido el exministro de Salud, Marcelo Navajas, por el caso “respiradores españoles”. Por lo cual piden para el juicio una condena de diez años de cárcel, más agravantes y concurso de delitos.
En este caso se investigó la adquisición de 170 ventiladores de la marca española Respira durante el Gobierno transitorio. La Fiscalía estableció que los equipos no tenían los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor y, además, no eran aptos para la unidad de terapia intensiva y tratar pacientes críticos a causa del Covid-19.
Asimismo, el daño económico al Estado generado asciende a más de 15.400.000 de bolivianos, según indicó el fiscal general, Juan Lanchipa.
La lista de acusados es la siguiente: El exministro de Salud, Marcelo Navajas Salinas; el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el exdirector ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEN), Giovanni Pacheco.
La encargada de Equipamiento de AISEN, Ana Fernanda Espinoza; la exencargada de Adquisiciones, Gabriela Claudia Pérez Gallegos; el excónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja; el exadministrador de la regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, Fernando José Arias.
Además del empresario Luis Fernando Humérez Ortiz, quien es conocido por haber sido presidente de la Liga Profesional de Fútbol y que en este caso habría sido el contacto entre los personeros de la empresa española y el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.
De esa manera, los delitos de la acusación son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y otros.
El Fiscal General además explicó que, para dar celeridad al juicio, se decidió desdoblar el caso y procesar por separado a implicados que están fuera del país, entre ellos los españoles Iñaki García e Ignacio Mazarrasa de la empresa española IME Consulting, la cual fue intermediaria en la contratación, y el abogado Walter Zuleta, quien permanece en Perú y era parte del esquema de contactos.
Lanchipa indicó que la acusación formal se sustenta en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales.
Entre las pruebas está la auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los 170 ventiladores, las conversaciones borradas que vinculan a los acusados, informes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor.
También un dictamen pericial emitido por un especialista técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la unidad de terapia intensiva ni para tratar pacientes críticos a causa del coronavirus.
Señaló que cada ventilador costó a 28 mil dólares, cuando había otra oferta del equipo a 13 mil dólares.
Finalmente, Lanchipa recordó que el monto de la compra era de más de cuatro millones de dólares, de los cuales se pagó la mitad, puesto que el proceso fue paralizado porque no cumplía las especificaciones y por la falta de accesorios.
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