“El plazo ha concluido hoy para que el Gobierno abrogue los Decretos Supremos 4640 y 4641, estamos en pie de lucha”, señaló el representante del Magisterio Rural Departamental de La Paz, Ruddy Callisaya.
El magisterio rural en días precedentes se manifestó en contra a la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación contra el Covid-19 para realizar trámites en instituciones públicas y privadas.
Su representante afirmó que los miembros del magisterio no son antivacunas, pero que están en contra de obligar a las personas a vacunarse.
“Hemos dado un plazo que ha concluido hoy para que el Gobierno abrogue los Decretos Supremos 4640 y 4641, de forma paralela hemos quedado en emitir documentos con los asesores jurídicos de las diferentes organizaciones sociales. Nosotros estamos acordando y por estrategia no vamos a decir, pero la próxima semana vamos a entrar en pie de lucha”, afirmó el representante en contacto con Radio Fides.
Callisaya dijo que el sector no está dispuesto a ser “experimento de vacunas” que no tienen estudios científicos y esperan que las autoridades puedan reconocer su “error” al emitir las normas, según reportó el diario Opinión.
“En estos días hemos acordado con las diferentes organizaciones sociales y sindicatos sobre este regalo de fin de año que nos da el Gobierno y prácticamente es una decepción de parte de nuestras autoridades imponiéndonos un decreto y anteponerla por encima de una Ley como es la Constitución, no nos pueden obligar a vacunarnos”, manifestó.
Decretos Supremos 4640 y 4641
El Gobierno emitió dos Decretos Supremos para ampliar la vigencia de las medidas de bioseguridad contra el coronavirus establecidas a nivel nacional hasta junio de 2022 e implementar el carnet de vacunación como documento oficial.
El Decreto Supremo 4641 establece la implementación del carnet de vacunación como documento oficial certificado por el Ministerio de Salud y Deportes, que acredita que una persona fue vacunada en el Estado Plurinacional de Bolivia.
La presentación del carnet de vacunación entró en vigencia desde el 1 de enero de 2022.
En tanto, el Decreto Supremo 4640 amplía la vigencia de las medidas de bioseguridad y prevención en todo el país hasta el 30 de junio de 2022, conforme al comportamiento epidemiológico de la pandemia.