Algunos grupos que rechazan los decretos 4640 y 4641, que obligan a portar certificado de vacunación o prueba PCR para ingresar a lugares con aglomeración, e instituciones públicas y privadas, presentaron ante los estratos judiciales una Acción Popular.
El abogado que patrocina este recurso, Gabriel Justiniano, indicó que tienen el apoyo también del Comité Cívico de El Alto, afirmando que los decretos vulneran derechos de la ciudadanía.
“Los decretos supremos 4640 y 4641 se constituyen decretos atentatorios y vulneratorios de derechos y garantías fundamentales”, señaló el abogado
El recurso fue presentado por el representante de la Iglesias Evangélicas, Luis Aruquipa, el exdirigente sindical, Jaime Solares, además de médicos promotores del uso del dióxido de cloro como Patricia Callisperis y Guery Cordero.
“Decretos atentan contra la libertad”
Según Justiniano, no se trata solamente del derecho a vacunarse, sino supuestamente defienden la libertad de las personas, el derecho a la libertad de expresión, libertad de culto y la libertad de disposición sobre su cuerpo.
Manifestó que si sólo una persona no quisiera vacunarse, se aplica el criterio de que el derecho de una colectividad está por encima del de un individuo, pero en este caso, supuestamente son miles que rechazan la vacunación, “por lo cual también es una colectividad”.
Acción Popular
El recurso presentado por este grupo debe ser resuelto por una Sala Constitucional.
“(Una Acción Popular procede contra) todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza”, establece la Constitución Política del Estado.
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