Desde la Contraloría General del Estado remitieron una carta al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y al presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, en la cual se observa los contratos suscritos con las nuevas empresas adjudicatarias del aseo urbano.
En concreto, se menciona el sistema de garantías adoptado en las condiciones del contrato y que no se ajustaría a la normativa del país.
Asimismo, la nota refiere a «la irregularidad en el cambio de garantía suficiente para el cumplimiento del contrato, efectuado en el Documento Base de Contratación sobre la retención del siete por ciento del monto total del contrato en cada pago que se efectúe.
La Contraloría señala que este cambio dejaría en una situación de vulnerabilidad a la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) y a la población cruceña.
Según el concejal opositor Manuel Saavedra representante de Demócratas, esta modificación en las condiciones del contrato refleja que «han pensado más en la empresa que en la sociedad», según reporte de El Deber.
Saavedra explicó la función que debe cumplir esta garantía y la importancia de adherirse a la normativa legal.
«Si la empresa adjudicataria incumple las obligaciones dispuestas en el contrato, el municipio debería usar esa garantía para contratar un servicio alterno mientras se resuelve el contrato», declaró el concejal de Demócratas.
Al concretarse la garantía a través de retenciones, el municipio no tendría los recursos de emergencia para utilizar en caso de algún de un fallo por el operador privado.
El concejal calcula que el siete por ciento de retención mensual solo alcanzaría para tres días de atención en la ciudad.
Dentro de la normativa nacional, la opción de considerar la garantía mediante la retención de pagos se contempla en los contratos que implican un monto no superior al millón de bolivianos. Cuando se supera dicho monto, el adjudicatario debe entregar las boletas de pago que respalden la garantía señalada.
Desde la Contraloría recordaron al Concejo Municipal cruceño que, de procederse con el contrato «se configurarían en los delitos de Contratos Lesivos al Estado y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes». Es más, en la misma reunión aclaratoria se pidió a las autoridades que consultaran a las entidades rectoras sobre el cambio sugerido en el contrato, pero esa consulta no se materializó.
Finalmente, la Contraloría pidió al Concejo que cumpla con las labores propias del ente legislador y «efectúe la fiscalización correspondiente».
El pronunciamiento de la Contraloría se realizó tras la denuncia presentada por una empresa interesada en la licitación; sin embargo, desistió de la misma tras las reuniones aclaratorias.
Saavedra reclamó la modificación del contrato y solicitó al Concejo que revise el documento para «no dejar desprotegida la ciudad».
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