Tras la aprehensión del excívico Marco Pumari, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), mediante una carta, mostró este martes su preocupación por los hechos sucedidos en la ciudad de Potosí en recientes días.
La carta está dirigida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al Consejo de la Magistratura, al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa y al Ministro de Justicia, Iván Lima.
“Frente a los acontecimientos últimos sucedidos en la ciudad de Potosí, ciudadanos de todo el país observamos con mucha preocupación la manera cómo se va generalizando el uso abusivo del poder, la intolerancia política, la sed de venganza contra las personas que disienten con las políticas gubernamentales, la negación sistemática de los derechos y garantías constitucionales como el Debido Proceso, el Juez Natural, a no ser condenado sin previo proceso legal, la presunción de inocencia y otros”, señala parte de la carta de la Apdhb.
Para la Apdhb, lo ocurrido con ocasión de la aprehensión directa de Marco Pumari en Potosí, sin que antes hubiera sido citado por el Ministerio Público, mucho menos enterado de los cargos que pesaban en su contra es la demostración del profundo desprecio a la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código de Procedimiento Penal referido a las reglas de competencia territorial que establecen con claridad que la persona sindicada de un delito debe ser juzgada.
Según la carta, Pumari debió haber sido procesado en el juzgado de su residencia y no alejado a otro lugar, según reportó el diario Los Tiempos.
“Sin embargo, al hoy imputado se lo aprehende en la ciudad de Potosí mediante aparatoso e ilegal allanamiento nocturno; se lo traslada a la localidad de Betanzos sin mayor explicación, luego a Uncía y Llallagua donde se realizó la audiencia cautelar y se dispuso la detención preventiva en aquella localidad por seis meses”, sostuvo la Apdhb.
La Apdhb hizo varios cuestionamientos a las autoridades mencionadas en la carta.
“¿En los dos años que tuvo el Ministerio Público desde que inició la investigación de los delitos que hoy se atribuyen a Marco Pumari y otros dirigentes cívicos no pudo concluir sus investigaciones?; ¿requieren que los fiscales tener forzosamente privados de libertad para concluir una investigación?”, cuestionó la Apdhb.
Asimismo, preguntó qué ¿cuál es la razón por la que la justicia boliviana ha invertido el sentido de la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad, la aplicación de la detención preventiva como una excepción por una regla general; la imparcialidad, independencia y su obligación de someterse únicamente a la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y a las leyes, por un sometimiento indisimulado a autoridades de los otros órganos del Estado?.
“Estas y otras interrogantes que surgen del caso Pumari, que desde luego no es el único y estimamos no será el último, nos retrotrae a la memoria las prácticas del pasado cuando Bolivia se hallaba carente de instituciones que velen por el riguroso cumplimiento de la CPE y los tratados de DD.HH., por ejemplo los campos de confinamiento, las celdas del control político de los 50s, el terror de las dictaduras de los 70s por los secuestros, torturas, privaciones de libertad arbitrarias, militarización de pueblos enteros y otros”, señalaron.
Dado que las instituciones del Sistema de Justicia tienen como primera obligación garantizar la vigencia del Estado de Derecho y responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre su libertad y seguridad, la Apdhb con el debido respeto solicitó dar respuesta a cada una de las interrogantes planteadas.
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