Por las denuncias de abuso policial en frontera hacia los migrantes solicitantes de asilo, el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), expresó su preocupación. Asimismo señaló que los inmigrantes principalmente venezolanos “estarían” siendo víctimas de una supuesta extorción por efectivos de la policía en el paso fronterizo de Desaguadero, límite con el Perú.
El Comité manifestó su preocupación por “las denuncias por abusos y extorsiones a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera por parte de los agentes fronterizos bolivianos, en particular en la frontera con Perú (Desaguadero)”, se lee en parte de las Observaciones finales del CAT sobre el tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, respecto a “Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo”.
Al Comité también le preocupó el estado en el que se encuentra la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) tras los frecuentes cambios en su composición y en su secretaría.
Asimismo, la “falta de formación dirigida a las autoridades en cuestión de asilo”, a pesar de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia, de 25 de noviembre de 2013 que vulneró el principio de no devolución, “en la que se ordena la implementación de capacitación permanente a los funcionarios que trabajen con migrantes o solicitantes de asilo”.
El Comité lamentó también la ausencia de protocolos de actuación para funcionarios de migración y fronteras, según reportó ANF.
Observó la falta de datos estadísticos actualizados sobre los solicitantes de asilo y refugiados que viven en el país, desglosados por nacionalidad y lugar de solicitud de asilo; aunque toma nota de la existencia de información desagregada por sexo y edad; así como las medidas migratorias adicionales adoptadas para limitar el acceso al territorio de los nacionales venezolanos, ante el cierre de la frontera.
El CAT también notó con preocupación las dificultades para la tramitación de solicitudes de asilo en fronteras y la imposibilidad de gestionarlo ante la Conare en Santa Cruz de la Sierra.
“La legislación migratoria de carácter restrictivo, que no ofrece posibilidades de regularización, ni disposiciones flexibles de protección o permanencia temporal”, se lee en parte de las observaciones.
Por consiguiente, el Comité exige al Estado boliviano “adoptar protocolos dirigidos a los funcionarios de migración y fronteras a fin de asegurar la identificación en frontera de las personas que requieran protección internacional y su remisión al sistema de asilo, así como fortalecer su capacitación sobre el derecho internacional de los refugiados, incluido el principio de no devolución”.
También pidió tener una información estadística completa, actualizada y desglosada por sexo, edad y país de origen sobre las personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y migrantes en Bolivia, incluida la información sobre los procedimientos de expulsión, deportación y las llamadas “salidas voluntarias”.
Pidió al Estado boliviano asegurar que el control migratorio y los procedimientos de expulsión y/o deportación se realicen de conformidad con los estándares de derechos humanos, siguiendo garantías procesales que tomen en consideración la condición de los solicitantes de asilo y de quienes requieren de protección internacional.
Así como velar por que ninguna persona pueda ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado cuando existan razones fundadas para creer que correría el riesgo personal y previsible de ser sometida a tortura.
