La senadora de la alianza política Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame advirtió que el Decreto Supremo N° 4630 de creación de la entidad de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) es «inconstitucional e ilegal», porque viola la Ley General del Trabajo y deja «a los trabajadores en la calle”.
“Ningún decreto puede modificar una ley. Eso es inconstitucional. Ningún ministro puede decir que está sacando un decreto y que después nosotros (la Asamblea Legislativa Plurinacional) se lo vamos a sacar una ley. Nosotros no estamos al servicio del Órgano Ejecutivo”, advirtió Salame.
El 1 de diciembre, los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) que se aprestaban a iniciar un paro indefinido se vieron sorprendido con la decisión del Gobierno de Luis Arce, que resolvió cerrar esta entidad y crear mediante decreto supremo la institución denominada Naabol, según reportó ANF.
La senadora protestó que el Gobierno a través del Movimiento Al Socialismo (MAS) intente que el Legislativo tenga que legalizar una norma desde su punto de vista “ilegal”.
“Nosotros somos un Órgano independiente, aunque el MAS tenga mayoría es importante que los ciudadanos sepan que se tiene que debatir en Diputados y Senado. Ese decreto está al margen de la ley”, sostuvo.
Asimismo, precisó que los trabajadores están sujetos a la Ley General del Trabajo, dijo que si una empresa quiere cerrar de la noche a la mañana con seguridad el Ministerio de Trabajo procederá a sanciones, porque “nadie puede cerrar una empresa dejando en la calle a los trabajadores”.
Planteó que una ley de cierre de Aasana debiera ser debatido en el Legislativo, para evaluar verdaderamente las falencias y problemas que según el Gobierno existen.
La legisladora dijo que no se trata de defender a la extinta Aasana ni a los trabajadores, sino que también se está poniendo en riesgo las operaciones aéreas.
Antecedentes
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño informó que Aasana se encontraba en quiebra, que tenía una deuda de más de 1.300 millones de bolivianos.
El Gobierno tomó la decisión de cerrar la entidad al no lograr un acuerdo con los trabajadores que exigían el pago de horas extras, además de un pliego petitorio de diez puntos.
Asimismo, tiene previsto pagar el finiquito a los casi 800 trabajadores que son parte de la planilla de personal. Las autoridades señalaron que la situación ya era insostenible.
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