“Se formó una agenda con los ministerios involucrados en la temática para explicar los alcances de la Ley 1386 a los gremialistas, transportistas, comerciantes y otros que anunciaron nuevas medidas de presión después de Todos Santos, exigiendo la abrogación de la norma”, anunció este miércoles el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Vilca.
La autoridad adelantó que si bien desde hace un par de semanas se inició la socialización de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, el trabajo continúa para aclarar las interrogantes el cual tienen no sólo los sectores más vulnerables, sino la ciudadanía en general, reportó Ahora el Pueblo.
“Nos hemos acercado a los sectores sociales que no están de acuerdo con la ley por esa desinformación generada desde la oposición y nos pidieron que bajemos a los departamentos para que conozcan el espíritu de la norma el cual no afecta al sector informal, sino a quienes se enriquecen de forma ilícita”, indicó Vilca.
Por su parte, los gremiales de La Paz y El Alto continúan en estado de emergencia en demanda de la abrogación de la Ley 1386. En un ampliado a desarrollarse en La Paz y Santa Cruz definirán las medidas que asumirán en los próximos días.
El dirigente de los gremiales de la urbe alteña, Toño Siñani ratificó el estado de emergencia y dijo que continúan en apronte contra el Gobierno, el cual no cede en el conflicto y argumenta que la norma afecta al gremio.
Mientras que el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, cuestionó la actitud que asumen algunos dirigentes que intentan confundir a su sector con discursos malintencionados sólo para generar susceptibilidad y temor.
“Nosotros como gremialistas no vamos a asumir ninguna acción de protesta y menos vamos a parar porque ello implica que no llevemos el pan del día a nuestros hogares”, expresó.
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