Garantías para el trabajo que realiza el artista Abecor, es lo que exigieron desde la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Defensoría del Pueblo. La solicitud de estas organizaciones nace a raíz de las amenazas que recibió el caricaturista en días precedentes.
A través de su cuenta de Twitter, la OACNUDH expresó que los discursos de odio no tienen sitio en una sociedad democrática, asimismo, señaló que son un atentado a la libertad de prensa y expresión, reportó la red Erbol.
“Las amenazas contra Abecor exigen respuestas claras que protejan la labor de periodistas y fomenten medios de comunicación libres, independientes y plurales (sic)”, afirmó.
El 18 de octubre se publicó una caricatura en el periódico Página Siete. El dibujo mostraba al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez disfrazado de mago, asimismo, a su lado estaba un conejo con un letrero que decía “No hay Fraude”
A causa de esta caricatura, Abecor recibió una serie de amenazas en sus redes sociales.
Defensoría del Pueblo
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo también demandó a las autoridades de Estado indagar sobre las amenazas que recibió el artista.
“Exigimos a las autoridades del Estado que investiguen las amenazas en contra del caricaturista Abel Bellido, conocido como Abecor, y que le brinden garantías para ejercer su trabajo y garantizar su derecho a la libertad de expresión, consagrada en la CPE (sic)”, escribió la institución defensorial a través de cuenta de Twitter.
Periodistas
Por medio de un comunicado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron las amenazas contra el caricaturista y demandaron «plenas garantías».
Asimismo, denunciaron que se vulneró el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión, protegido por la Constitución Política del Estado y mediante el bloque de constitucionalidad, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de la Ley de Imprenta y el Código Nacional de Ética Periodística.
