EL Gobierno tiene 72 horas para abrogar la Ley 1383 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, de no prosperar el pedido, el jueves 21 de octubre el sector de los gremiales, transportistas comités cívicos y demás organizaciones ingresarán a un paro general con el cierre de fronteras, señaló el domingo reciente el ejecutivo de los gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa.
Ante este contexto, el Ejecutivo central advirtió con recurrir a todo medio para contrarrestar la movilización ciudadana, por considerarla que es impulsada por “grupos de poder” y operadores políticos.
El anuncio de retirar el proyecto de Ley 218 no conformó a diferentes sectores, entre ellos los gremiales y transportistas, que sostienen que la “norma madre 1386”, vigente desde agosto pasado, operará a través de decretos reglamentarios, resoluciones, entre otros, para atentar contra los intereses de los ciudadanos, pese a que las autoridades sostengan que todo ya está normado, reportó Los Tiempos.
El Ejecutivo de los gremiales de Bolivia, señaló que las movilizaciones, que se iniciaron con el paro de 24 horas de los cívicos, fueron por el retiro de la 218 y la Ley 1386.
“Dicen que todo está regulado, que ya se aplica, por qué, entonces, mantener esta norma. Se apoyó en su momento, pero no permitiremos que nos quiten el fruto de nuestro esfuerzo”, manifestó.
Aclaró también que en la primera medida solo participaron diez mil gremialistas.
“Hablamos de vivanderos, trabajadores por cuenta propia, comerciantes, pero el sector aglutina a más de dos millones de personas que están alertas”, explicó Figueroa.
Otros sectores
En tanto, la pasada semana otros sectores que observaron la normativa emitida por el Gobierno definirán su posición, entre ellos se encuentran los cooperativistas.
Los dirigentes de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) señalaron que el sector se encuentra en emergencia.
Convocatoria al diálogo
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó el domingo reciente al diálogo a sectores que activaron un estado de alerta en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
“Sectores como gremiales y transportistas piden la abrogación de la Ley 1386 con medidas de presión, lo correcto es dialogar para tratar este tema, y evaluar las propuestas y observaciones que tienen. Esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el Estado de derecho, no es violentando la actividad económica de la población, más aún cuando estamos en pleno proceso de reconstrucción de la economía boliviana “, dijo Montenegro.
Añadió que un día de paro atenta contra la economía de la gente más humilde.
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