La abrogación de otras cinco leyes atentatorias a los derechos de los ciudadanos, fue lo que pidió este viernes el Consejo Nacional de Comités Cívicos de Bolivia al Gobierno. El pedido se dio luego que el Ejecutivo dio marcha atrás con el polémico proyecto de Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
“Con el ánimo de recobrar la democracia, la justicia independiente y la dignidad de los bolivianos exigimos: 1. Abrogación de todas las normas arbitrarias y atentatorias contra las libertades individuales y colectiva, inconstitucionales y antidemocráticas: Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, Ley 1386, Ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo”, señaló en un comunicado.
Asimismo, exigieron la abrogación de la Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, y la Ley 1398 de Registro de Comercio.
Los cívicos, además, sostienen otros pedidos para defender la democracia.
Pidieron la inmediata restitución de los 2/3 del Reglamento de Debates Legislativos; además, exigen liberar a los presos políticos y cesar de la persecución política y judicial y procesos disciplinarios, bajas, cambios de destino y sanciones arbitrarias dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, reportó Los Tiempos.
Solicitan también que organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea y Naciones Unidas, formen una comisión internacional para acompañar el proceso de refundación de una justicia independiente e imparcial en Bolivia.
Además, solicitaron atender las demandas regionales en función a los principios de respeto por la identidad, la dignidad y su autonomía, en procura de la defensa de sus recursos naturales, la demanda indígena, respeto al medio ambiente, pacto fiscal, entre otros.
Convocaron a los líderes a nivel nacional, defender con integridad sus regiones, sus pueblos.
Advirtieron que la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo «aún sigue vigente» y ya fue implementada.
«Tiene esta norma (1386), aprobada o tácita, una razón de ser. La explicación por la que este Gobierno se aferra con uñas y dientes a aprobar una norma claramente inconstitucional, arbitraria, abusiva, perseguidora, policial; propia de un Estado totalitario», indicaron los cívicos.
El Gobierno retiró el proyecto de ley “antilegitimación” después de las protestas de gremiales, transportistas y otros sectores, que rechazaron la misma porque consideran que vulnera los derechos ciudadanos.
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