Desde la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se instruyó a los notarios de fe pública del país remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el reporte de Personas Expuestas Políticamente (PEP) haciendo referencia a documentos relacionados a la compra y venta de bienes, muebles sujetos a registro e inmuebles.
Según el comunicado, la UIF realiza este instructivo en prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
“Todas las notarias y los notarios de Fe Pública en el territorio nacional, deben remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas «ROS» y el Reporte «PEP» a través del Sistema Informático SISO V2 en los plazos establecidos en el Parágrafo I del Artículo 22 y el Parágrafo V del Artículo 17 del referido Instructivo, respectivamente”, señala el documento de la UIF fechada el 30 de septiembre.
Además indica que de manera extraordinaria y excepcional, las notarías que prestan servicios en el área rural y las cuales no hubieran remitido a la UIF sus reportes en los plazos determinados, debido a algún problema de fuerza mayor, tendrán un plazo adicional de dos días hábiles para la remisión del reporte correspondiente y el justificativo del impedimento.
El comunicado también da a conocer que los reportes de operaciones sospechosas emitidos por los sujetos obligados se sujetan al deber de informar en cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación.
Ley 004
El artículo de dicha Ley, determina que las personas tienen el deber de remitir toda la información solicitada por la Unidad de Investigaciones Financieras dentro de una investigación que se esté llevando a cabo las siguientes entidades y sujetos dedicados a actividades inmobiliarias y de compra y venta de inmuebles entidades o sujetos mencionados.
De esa manera, deben informar de oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y actividades detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción.
El martes reciente también se conoció que el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, y la directora general de la UIF, Ana María Morales, suscribieron un Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional para el acceso a información y datos a través de la interoperabilidad de los sistemas informáticos que permita mejorar el trabajo investigativo.
Inseguridad jurídica
El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón calificó como una “barbaridad” la regulación que el Gobierno pretende establecer con la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ya que representa una “cacería de brujas” sobre la base de la presunción de las transacciones civiles y comerciales que realizan en las notarías.
El diputado opositor señaló que el procedimiento debería ser al revés, solamente en aquellos casos donde se hubiera iniciado la investigación por el delito principal que tiene que ver con narcotráfico, contrabando, corrupción y terrorismo.
“Sobre la base de esa información sólida, confiable y fiable, se debería recién mandar el reporte a las notarías para que si tuvieran una operación relacionada a esos delitos principales, recién tengan la obligación específica de informar de una manera excepcional y extraordinaria”, manifestó Alarcón este miércoles durante una entrevista en radio Panamericana.
Petición de informe al Ministro de Justicia
El representante de CC, anunció también que desde sus atribuciones pedirán un informe escrito al ministro de Justicia, Iván Lima quien tiene la tuición sobre las notarías, para saber el alcance exacto y los parámetros de mencionada reglamentación e instructivo de acuerdo a lo que está previsto en la ley 108/2020-202, la cual aún no está sancionada.
Debido a que el instructivo entró en vigencia el día de su publicación, es decir el 30 de septiembre, y el proyecto de ley aún permanece en el Senado, los notarios del país reportan a la UIF toda información de casos realizados, ya que no existen parámetros para realizar mencionados reportes.
Por lo tanto, existe cierta inseguridad en aquellos que ejercen esa función judicial ya que temen a ser sancionados por no cumplir con las determinaciones de la UIF.
Alarcón advirtió que en vista de ese panorama, el Gobierno viola la privacidad e intimidad de las personas quienes tienen derecho a una garantía constitucional básica, más aún si las transacciones que se realizan son lícitas. El diputado consideró que no tiene por qué el Estado enterarse la razón, por ejemplo, de una transferencia de bienes de personas que la realizan de manera “limpia”.
Finalizó mencionando que por ese motivo en el único caso que debería haber esos reportes, es cuando existe un indicio serio judicialmente relevante de que se cometió el delito principal lo cual hace referencia a la ganancia ilegítima.
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