Tras el paro anunciado por los comités cívicos para este 11 de octubre, el ministro de Justicia, Iván Liima, afirmó en lunes que esta protesta provocará un perdida de 112 millones dólares, afectando de manera especial la economía del país y de la población que vive de su trabajo del día.
“Estas medidas de presión son promovidas por políticos que buscan impunidad”, escribió la autoridad en su cuenta de Twitter.
La movilización está respaldada por sectores de extrema derecha como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, presidida por Amparo Carvajal, segúnla autoridad gubernamental.
“Los políticos que promueven estas movilizaciones en el fondo buscan impunidad, un pacto de silencio para no responder por los graves delitos de corrupción, masacres, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de Derechos Humanos en el Gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez”, se lee en la publicación.
La Cumbre Nacional de los cívicos se desarrolló la pasada jornada en instalaciones del Comité Cívico pro Santa Cruz, por la «Unidad, la Defensa de la Libertad y la Democracia”.
En el encuentro participaron el Conade, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; Carolina Ribera, hija de la expresidente Jeanine Añez; los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, entre otros.
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