La IX marcha indígena que arribó al departamento de Santa Cruz, resolvió en la pasada jornada que no dialogará con Ministros ni Viceministros enviados por el Gobierno, exigen una reunión con el Presidente del Estado, Luis Arce Catacora.
El expresidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní y actual miembro del Consejo Continental de la Nación Guaraní, Celso Padilla, informó que la columna de la marcha no se reunirá con ninguna autoridad enviada por el Gobierno central, sino con las altas autoridades de los cuatro órganos del Estado, según reporte de ANF.
“Los diálogos no se van a instalar con ministros ni viceministros, sólo con las cabezas de los órganos y el Presidente (Luis Arce). Es decir, de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral”, indicó Padilla.
En días precedentes, el Gobierno envió a tres viceministros; de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos; de Coordinación de los Movimientos Sociales, Juan Villca y de Justicia Indígena, Gilvio Janayo, con el objetivo de iniciar el dialogo con los marchistas.
El representante de la marcha, Abdón Justiniano aseguró que esperan la respuesta del mandatario para luego agendar la reunión.
“Queremos conversar de presidentes a presidentes”, señaló.
Por su parte, Ríos afirmó que el Gobierno, a través de la comisión de tres Viceministros están dispuestos al dialogo sin ningún condicionamiento.
Explicó que esta comisión tiene la función de esperar a que la marcha indígena presente su pliego petitorio de manera oficial, ya que esto permitirá viabilizar dialogo.
Aproximadamente 500 marchistas recuperan energías en el polideportivo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de la capital cruceña. Allí aguardan la respuesta de las autoridades de los cuatro Órganos del Estado.
Demandas
Las demandas de los indígenas están en 16 puntos. El primero y el “más importante” es abrogar y derogar las normativas y resoluciones que viabilizan los avasallamientos en territorios indígenas.
“Rechazamos y exigimos la inmediata anulación de todas las resoluciones de los asentamientos ilegales por ser contraria a la Constitución y normas internacionales”, indica parte del documento.
Además, piden la paralización de las actividades extractivas en los territorios indígenas, sobre todo en el polígono siete del Tipnis.
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