El Juzgado 1° Anticorrupción de La Paz declaró “rebelde” al exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Elio Montes, debido a que no se presentó a su audiencia de medidas cautelares por el caso finiquitos. Por ese motivo, se ordenó su aprehensión y se pedirá la activación del sello rojo, de captura, a la Interpol.
La información fue dada a conocer en el martes reciente por la fiscal de materia Magaly Bustamante, según reportó la red televisiva Gigavisión.
El exgerente de Entel fue imputado en agosto por los delitos de conducta antieconómica, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y contribuciones, y ventajas ilegítimas.
Montes durante el Gobierno de Jeanine Añez fue acusado de beneficiar a 13 exfuncionarios con el pago irregular de finiquitos sociales, los mismos que no estarían en el marco de la Ley General del Trabajo.
Desde el Ministerio Público se informó que Montes habría beneficiado a exfuncionarios con el pago de beneficios sociales por montos que van desde los 30 mil hasta los 96 mil bolivianos, sin el respaldo legal laboral respectivo.
Antecedentes
El viernes 14 febrero según reportó el portal Detrás de la Verdad, el exgerente de Entel, Elio Montes fue apresado y enviado a la cárcel “Krome Detention Center” en Miami, Estados Unidos, por haber ingresado a ese país con un monto de dinero mayor al declarado.
«Información oficial a la que accedió Detrás de la Verdad da cuenta que el exgerente de Entel, Elio Montes, fue detenido a su ingreso a los Estados Unidos este pasado jueves y enviado a la cárcel de Krome Detention Center”, comunicaron en ese entonces a través de su red social.
Montes salió del país el jueves 13 de febrero en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a Miami, luego de ser removido del cargo tras conocerse que en los 82 días que estuvo en el cargo autorizó viajes en vuelos privados, alojamiento y consumo en un hotel cinco estrellas de La Paz; además del auspicio por más de un millón de bolivianos al piloto de rally Eduardo Peredo, entre otras denuncias de corrupción y desfalco de fondos de la empresa estatal.
Por lo que en el país, es investigado por conducta antieconómica, contribuciones y ventajas ilegítimas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación del Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
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