Periodistas, empresarios, gremiales, la Iglesia evangélica rechazaron la aprobación del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Lucha Contra el Terrorismo, por considerar que contravienen disposiciones constitucionales. En tanto, el Senado Nacional se prepara para considerar el documento aprobado en la Cámara de Diputados.
Los diferentes sectores sostienen que el proyecto, a nombre de luchar contra el lavado de dinero u otros, atenta contra libertades democráticas y se constituye un riesgo para las actividades financieras, civiles y comerciales.
Los empresarios privados exigen que se realice un control de constitucionalidad al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas por atentar contra las actividades financieras.
En tanto, gremiales están en emergencia por la futura norma, porque contempla la sanción directa a comerciantes. A nombre de luchar contra el contrabando podrán intervenir en los negocios u otros.
Asimismo, el representante de las iglesias evangélicas de Bolivia, Carlos Aruquipa, manifestó que rechazan el proyecto de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas porque consideran que afectará al secreto de confesión y al diezmo.
El consejo nacional cristiano señaló que el proyecto de ley vulnera los derechos de las instituciones religiosas, reportó el diario Los Tiempos.
El artículo 18 establece que tienen el deber de remitir información a sólo requerimiento de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) las personas que se dedican a universidades, colegios, iglesias, pastores, curas, partidos políticos y ONG.
Periodistas cuestionan el atentado al secreto de confidencialidad
El gremio de los periodistas también cuestiona el proyecto de ley, señalando que se busca eliminar el secreto de confidencialidad.
El artículo 11, establece que, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras pida información que será obtenida “sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo”, afectando al secreto de confidencialidad.
“No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en todo aspecto económico, profesional u otro”, señala el artículo.
Por otra parte, también se cuestiona el artículo 17, que hace referencia al “sujeto obligado” a dar información.
“(Debe dar información cuando involucra) toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros”, establece el artículo.
Según analista es un instrumento de “persecución”
Para el analista Jaime Funn la norma puede considerarse como “instrumento de persecución”, explicó que se da atribuciones para que entidades del Estado puedan escuchar vía telefónica e investigar sobre los estados financieros, sobrepasando las atribuciones que la Constitución Política del Estado (CPE) otorga.
Mencionó que el artículo 9 de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas otorga “superpoderes” a la UIF para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de relaciones con el financiamiento al terrorismo.
“Bajo este precepto todos los bolivianos que realicen transacciones financieras será objeto de sospecha”, añadió.
Gobierno afirma que sancionará lo ilícito
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro; la viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza; el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, defienden el proyecto y sostienen que supuestamente lo único que busca es sancionar las actividades ilícitas.
Montenegro señaló que el proyecto busca unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con base en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Por su parte, la viceministra de Pensiones refiere que “la ley no establece ningún mecanismo de sanción para las actividades económicas informales y tampoco tiene propósitos recaudatorios”.
Finalmente, según el presidente de la Cámara de Diputados “es para aquellas personas que no pueden justificar la ganancia que tienen”.
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