La ley departamental cruceña para elegir autoridades regionales fue observada por el Gobierno como una norma “separatista”, sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, negó tal afirmación.
En tanto, la autoridad dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la definición de la constitucionalidad o no de la ley departamental, reportó el diario Los Tiempos.
La pasada jornada, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima informó que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, impugnó ante el TCP la ley departamental cruceña, la cual faculta a ese órgano presentar ternas para la designación de autoridades económicas, electorales y judiciales regionales.
“Todas las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa Departamental, primero que todo, tienen presunción de constitucionalidad, si es que existiese algo que no es así, es el Tribunal Constitucional el que tendrá que dimitir. Esa es una Ley que recién ha sido aprobada, no ha sido promulgada”, afirmó Matkovic.
La norma fue enviada al gobernador cruceño, Fernando Camacho y todavía no está vigente, acotó.
“Analizaremos cuál es la respuesta del TCP si es que como dijo el ministro (Lima, ellos) han iniciado los recursos que ellos los vieran necesario, pero lo último que esta Asamblea Legislativa Departamental y cualquiera de estos asambleístas quieren es separase de Bolivia. Nosotros somos parte de Bolivia y lo único que hacemos, es trabajar para salir de esta crisis económica en la que se encuentra hundido (el país) hace ya mucho tiempo”, manifestó Matkovic.
Por su lado, Lima informó que Rodríguez dio a conocer una acción de conflicto positivo de competencia ante el TCP, para que esa instancia otorgue una medida cautelar que impida la promulgación de la norma.
El 17 de septiembre, la ALD de Santa Cruz sancionó una Ley regional para elaborar ternas para la designación del fiscal departamental, representante de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría, de la Procuraduría y a los vocales del Tribunal Departamental Electoral (TED), del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y el director de la Oficina Anticorrupción.
Este aspecto fue cuestionado por Lima, debido a que, según él, son facultades de los asambleístas nacionales.
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