Después de la detención del periodista de Página Siete, Carlos Quisbert, y la gasificación a Santiago Limachi y Sergio Limachi, miembros de la agencia internacional Reuters, cuatro asociaciones de periodistas del país denunciaron este martes que el Gobierno “atenta” contra la libertad de expresión y prensa en el país.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), consideraron que se impidió la labor de trabajadores de la prensa para que informen sobre los conflictos de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).
“El Gobierno del Presidente Luis Arce, como ya lo hemos advertido al momento de rechazar el intento de eliminación del secreto de imprenta o de fuente mediante el inconstitucional proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, lamentablemente revela una deriva autoritaria y más cuando cercena el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, ejecuta la aprehensión del periodista Quisbert y la agresión contra el camarógrafo Santiago Limachi y su hijo Sergio, lo cual configura un cuadro de claros indicadores de una seria lesión a los valores democráticos en el país”, detalla el pronunciamiento de las asociaciones.
ANPB y APLP alertan además que se vulneran el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 21, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y el Código Nacional de Ética Periodística, normativas que protegen el derecho a la expresión, comunicación e información.
En tanto, la Asociación de Periodistas de Cochabamba (APC) señaló que el Gobierno y las entidades estatales están obligadas a garantizar el derecho a la comunicación.
Además, solicitaron que la Fiscalía inicie un proceso de investigación contra los autores materiales e intelectuales de la agresión a los trabajadores de la prensa.
“Al actual comandante de la Policía Boliviana, a los Ministros de Gobierno, de la Presidencia y al mismo Presidente, al Gobierno en su conjunto, les recordamos que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la información en apego a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la misma Constitución Política del Estado boliviano”, se lee en su pronunciamiento de la APC.
Entre tanto, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), Roberto Méndez, calificó como un abuso el arresto de Quisbert, reportó el diario Página Siete.
“Es un abuso, un exceso y una desconsideración a la labor de los hombres y mujeres de la prensa que están en primera línea de los conflictos”, enfatizó Méndez.
El periodista de Página Siete Carlos Quisbert fue liberado luego de estar arrestado más de cinco horas en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), sin embargo, el caso pasó a la Fiscalía. Un policía involucrado en los hechos violentos denunció al reportero por una presunta agresión.
En tanto, los periodistas de la agencia Reuters reciben atención en un centro de salud y se espera el reporte médico.
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