El proceso de indemnización a Quiborax se encuentra lleno de irregularidades por parte de la empresa chilena y el Gobierno de Evo Morales, el cual pagó 42 millones de dólares a la firma extranjera, según denunció este martes el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Saúl Lara.
Afirmó que presuntamente existen varias irregularidades cometidas en 2015, entre las cuales se encuentra: la falsificación de documentos constitutivos de la empresa, alteración en los manifiestos de la explotación, adulteración ante las autoridades de los ministerios, así como de los volúmenes de explotación y problemas con los trabajadores de la empresa en ese año.
“La información que está en el cuaderno de investigaciones dice que abogados chilenos, junto con funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría General, han fraguado documentos que le ha permitido a la empresa (Quiborax) iniciar el arbitraje y llegar al arreglo de los 42 millones de dólares”, detalló el diputado en contacto con el programa del diario Los Tiempos.
Lara señaló que “no tiene dudas” respecto a que los 42 millones presuntamente fueron repartidos por altos mandos del Gobierno de Morales y la empresa Quiborax.
Antecedentes de Quiborax
En el año 2002 se denunció la explotación ilegal de minerales en el Salar de Uyuni por parte de Quiborax y otras empresas. Dos años más tarde, bajo el mandato de Carlos Mesa, se logró la expulsión de la empresa.
Pese a la situación, en 2015 Quiborax inició un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El Ciadi concluyó en una sentencia contra el Estado Boliviano en la que el Gobierno de Morales pagó 42 millones de dólares en indemnización.
En días precedentes, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que el expresidente Carlos Mesa deberá pagar los 42 millones de dólares que el Estado indemnizó a la empresa extranjera en 2015 porque supuestamente fue él quien inició el conflicto, por elaborar leyes y decretos.
“Comunidad Ciudadana no va a permitir este atropello que es típico de la conducta del gobierno, una judicialización de la política”, subrayó Lara al respecto.
Ante la situación, el legislador señaló que optarán por la investigación con organismos internacionales y con los mecanismos del lavado de dinero para saber lo que sucedió con los 42 millones de dólares.
“(La investigación se realizará para) defender la verdad, la justicia, la ley y la transparencia que nos merecemos los bolivianos”, finalizó.
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