Desde la representación legal de dos de los militares procesados en el caso Huayllani, informaron que en el cuaderno de investigaciones no están plasmados los informes sobre las Inspecciones Técnicas Oculares (ITO) que se realizaron a los vehículos militares blindados los cuales resultaron dañados por disparos de arma de fuego durante los hechos violentos en 2019.
El 15 de noviembre de 2019 los enfrentamientos entre cocaleros y las fuerzas del orden dejaron al menos diez civiles muertos, en Sacaba del departamento de Cochabamba.
“Recientemente evidenciamos que estas pericias no se encuentran actualmente en el cuaderno de investigaciones”, informó a Página Siete el abogado Ramiro Cabrera, quien patrocina a dos de los efectivos de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB) procesados en ese caso.
Asimismo, Cabrera dio a conocer que, en el cuaderno de investigaciones de 2019, se adjuntaron pericias realizadas a un vehículo blindado de la Fuerza Aérea y a otro del Ejército, en las que se determinaron de manera técnica que los dos vehículos fueron impactados con proyectiles de grueso calibre, las cuales no actualmente no figuran en dicho informe.
Según el reporte de la Fiscalía los vehículos continúan en las mismas condiciones, sin embargo, aún no se realizaron las pericias científicas sobre la trayectoria de los proyectiles.
Pese a tener los datos suficientes, hasta el momento los fiscales omiten la investigación de quienes atacaron a los militares y sólo hay avances de los procesos contra uniformados y políticos, explicó Cabrera.
El jurista también señaló que según el supuesto “principio de objetividad” que debe regir el trabajo de los fiscales, ellos tienen “la obligación” de adjuntar a los expedientes todos los documentos de la investigación.
Esos reportes, los que permanecen extraviados a la fecha, según Cabrera podrían modificar la teoría que maneja el Ministerio Público sobre la masacre en Huayllani y la “culpabilidad o inocencia” de los militares procesados.
“Estos informes ya no nos permiten presumir, sino que demuestran de manera objetiva que los vehículos fueron atacados con armamento letal. Entonces, no se puede pensar que las personas que pretendían ingresar por el puente Huayllani estaban indefensas”, reclamó Cabrera.
En noviembre de 2019, el encargado de Relaciones Públicas del Ejército, Jhoel Montaño, informó que el vehículo blindado ZF de las FF.AA., el cual fue utilizado el viernes 15 de noviembre durante el enfrentamiento entre manifestantes del Trópico y los uniformados en la zona de Huayllani, tiene 12 disparos que fueron realizados “de manera certera”.
Montaño explicó que los disparos se realizaron a un área reducida del motorizado, porque se tenía la intención de atentar contra la vida del piloto y copiloto. Sin embargo, debido a que el vehículo cuenta con vidrios blindados, las balas no ingresaron.
El 3 de diciembre de 2019, un funcionario policial a cargo del caso Huayllani, dentro de las investigaciones, tomó la declaración de dos heridos por arma de fuego, quienes se encontraban internados en el hospital Viedma, según publicó el diario Los Tiempos.
Finalmente, el informe remitido al fiscal a cargo del caso, Richar Villaca señala que, en una entrevista realizada a Gonzalo Paco Pedro, él declaró que le disparó uno de los manifestantes.
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