Acerca de las vulneraciones de derechos humanos durante 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) concluyó que hubo masacres en Sacaba y Senkata, además de violencia racista que requiere sanción, según el informe entregado este martes.
Asimismo, este grupo observó deficiencias para garantizar la independencia judicial en el país.
“El GIEI no duda en calificar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres. Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia reparación por los daños que le fueron provocados y atención inmediata”, explicó durante la presentación la integrante argentina del Grupo quien fue encargada de presentar las conclusiones, Patricia Tappatá.
El grupo internacional analizó las violaciones a derechos humanos desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre, periodo en el cual existió al menos 37 fallecidos debido al conflicto electoral.
Tappatá señaló que, además de los muertos, centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas y que lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado y de particulares.
En dicha investigación también encontraron casos de violencia sexual y de género.
La experta aclaró que para sanar heridas es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que no se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar antes la idea que las víctimas son las de nuestra identidad política.
Arce deroga decreto de amnistía y pide apurar juicio de responsabilidades
El Presidente Arce, anunció luego de la presentación del informe de la GIEI, que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe acelerar los juicios de responsabilidades, asimismo anunció la derogación del Decreto Supremo 4461, el cual otorgaba amnistía a los “perseguidos políticos” del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Durante su discurso, el Jefe de Estado pidió «perdón» a las víctimas de 2019 y aseveró que el informe del GIEI es una prueba que en 2019 hubo un “golpe de Estado”.
El Mandatario afirmó que el Estado cumplirá las recomendaciones emitidas por el grupo internacional y que impulsará la creación de una comisión de seguimiento y un censo de víctimas.
El GIEI hizo 36 recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia, destinadas a la reparación de los daños, la búsqueda de justicia y cambios en la institucionalidad del Órgano Judicial, para que no vuelvan a ocurrir hechos como los de 2019.
De esa manera, Arce afirmó que, para comenzar a cumplir esas recomendaciones, se derogará el Decreto Supremo 4461, emitido el 2 de febrero de este año.
Esta norma daba amnistía “por razones humanitarias” a las personas procesadas en 2019 por el Gobierno de Jeanine Añez. La mayor parte de los amnistiados fueron seguidores del MAS, quienes estaban acusados de generar violencia en mencionado año.
Arce también afirmó que se desestructurará toda organización “parapolicial” creada paralelamente al Estado. En su discurso se refirió también a la Unión Juvenil Cruceñista y a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
También exhortó a la ALP a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría y sanciones de estas violaciones de derechos humanos.
Finalmente, en la ALP existen al menos dos pedidos para enjuiciar a la expresidente Jeanine Añez, quien actualmente permanece aprehendida, acusada de un supuesto “golpe de Estado” en 2019.
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