En esta semana, la Fiscalía prevé volver a presentar la solicitud de extradición del exministro de Gobierno, Arturo Murillo ante la Cancillería. La exautoridad se encuentra detenida en Miami, Estados Unidos acusada de supuesto soborno y lavado de dinero.
“Estamos cumpliendo esas omisiones formales y ya está muy avanzado, tanto la traducción y yo creo que en esta semana ya podríamos presentarlo. Son aspectos enteramente formales que en su momento estamos cooperando al Órgano Judicial para su cumplimiento”, indicó Fiscal Departamental de La Paz, Willam Alabe.
El 4 de junio, la Cancillería devolvió la solicitud de extradición de la Fiscalía al juzgado correspondiente para que corrija algunas observaciones que realizaron, como la traducción al idioma inglés por personas certificadas por ese país.
Asimismo, se detectó una falta de coherencia en la tramitación, puesto que el petitorio de la Fiscalía requería la detención preventiva con fines de extradición, pero la jueza solicitó solo extradición.
La solicitud de la Fiscalía se enmarca en el caso gases lacrimógenos que se investiga por un presunto sobreprecio de más de 2.3 millones de dólares en su compra, en la que los principales investigados son el exministro de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Luis Fernando López.
En el caso de López, el Fiscal Departamental, indicó que la Fiscalía se encuentra, también, realizando todos los trámites necesarios para la extradición de la exautoridad de Defensa, quien se encuentra en Brasil, reportó la Red Erbol.
Mientras que Arturo Murillo está privado de su libertad en el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami, Estados Unidos, desde el 27 de mayo.
Antecedentes
El exministro de Gobierno Arturo Murillo, fue aprehendido en Miami junto con su exasistente y tres empresarios estadounidenses el 27 de mayo. Todos están acusados de armar un esquema de sobornos y lavado de dinero para aprovecharse de una importación de gases lacrimógenos realizado cuando Murillo se encontraba en funciones.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Murillo, su antiguo jefe de Gabinete, Rodrigo Méndez Mendizábal y un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia no identificado recibieron 602.000 dólares en coimas.
Estos son propietarios de Bravo Tactical Solutions, una compañía con sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Cóndor para la compra, por parte de Bolivia, de gases lacrimógenos y otro equipamiento no letal por un valor de aproximadamente 5,6 millones de dólares.
El informe señala que esta empresa entregó los sobornos entre noviembre de 2019, días después de la llegada de Jeanine Añez al poder, y abril de 2020, con la intención de “obtener y mantener” este contrato de intermediación.
Para el Gobierno boliviano, Bravo Tactical Solutions se quedó con algo más de 2.3 millones de dólares del total del contrato, ya que el pago real a la fábrica ascendió únicamente a 3.3 millones.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que, de acuerdo a las investigaciones del FBI, los tres dueños de Bravo Tactical Solutions “lavaron el dinero” que recibieron de la transacción en bancos del Sur de Florida y “orquestaron el pago de 582.000 dólares en efectivo a Murillo y Méndez”.
Este martes se conoció que Méndez salió con libertad condicional en Estados Unidos, luego de pagar una fianza de 250 mil dólares, de acuerdo a la información que proporcionó el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez mediante el bufete de abogados que contrató para atender el caso Murillo.
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