La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó cuatro informes de proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades, entre los que se encuentran el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Hugo Salvatierra Gutiérrez, quien fungió en el cargo durante el primer gobierno de Evo Morales.
El caso data desde el 2008 y se debe a que el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, padre de la exsenadora Adriana Salvatierra, era responsable de la adjudicación de 99 tractores, marca FIAT, que debieron ser destinados a organizaciones sociales que sufrieron los efectos de un desastre natural en 2006.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Daniel Rojas informó que la proposición acusatoria fue presentada por la entonces ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Susana Rivero. Se acusa a Salvatierra por el delito de incumplimiento de deberes y haber dejado un daño económico al Estado de 581 mil bolivianos.
“Son más de 90 tractores que no han llegado a Bolivia y se han quedado por no sé dónde en Argentina peor la proposición acusatoria lo ha hecho la exministra Susana Rivero”, afirmó Rojas.
La Fiscalía emitió un requerimiento acusatorio contra el exministro y el proceso para juicio de responsabilidades llegó al Legislativo, quedó pendiente y en el 2020, el Gobierno de Jeanine Añez intentó reabrir el proceso.
Otra de las proposiciones acusatorias aprobadas por la comisión fue en contra del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández quien fue acusado por los delitos de resoluciones contrarias a las leyes y conducta antieconómica por la regularización de autos indocumentados en el departamento de Pando.
Entre los cuatro casos con proposiciones acusatorias también se encuentra el exprefecto de Potosí Sergio Medinacelli por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, según la Red Erbol.
En contra de los exministros Silvio Javier Comboni Salinas, Javier Gonzalo Cuevas y Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, también fueron aprobados otros juicios. A las exautoridades se las acusa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y conducta antieconómica.
Los informes fueron remitidos al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que deberá analizar su aprobación.
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