Los tres juicios por los que se le acusa a la expresidente Jeanine Añez, fueron remitidos la jornada pasada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Se trata del caso Fundempresa, préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presunta vulneración a la libertad de expresión.
El Legislativo deberá autorizar o rechazar el juicio de privilegio contra la exmandataria a través de dos tercios de votación, algo que no tiene ninguna de las tres organizaciones políticas con presencia en el hemiciclo.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), del total de los 166 asambleístas (entre senadores y diputados), tiene 96. Necesita llegar a 110 para lograr ese objetivo. Comunidad Ciudadana (CC) tiene 50 legisladores y Creemos 20.
La Fiscalía General, con la dirección de Juan Lanchipa, emitió el pliego acusatorio contra Añez y sus excolaboradores, a denuncia del Ministerio de Justicia el cual pide juicio contra la exautoridad, pese a no reconocerla legalmente como Presidente y acusarla de haber tomado el poder a través de un supuesto «golpe de Estado», reportó Innovapress.
El Auto Supremo de 9 de junio lleva la firma de seis de los nueve magistrados del TSJ. Mediante su cuenta de Twitter, el Ministerio de Justicia informó sobre la remisión de los documentos.
“La sala plena del TSJ del Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 parágrafo I de la Ley 44, dispone remitir el requerimiento acusatorio formulado por el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia contra Jeanine Añez Chávez, en su calidad de expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y otros, a la ALP, para que ejerza la atribución constitucional contenida en el Art. 161 numeral 7 de la Constitución Política del Estado (CPE)”, señala el Auto Supremo 58/2021.
Casos por los que se la acusa a la expresidente Añez
En primer lugar, está el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), de más de 300 millones de dólares, que presuntamente causó daños al Estado, asimismo, por la concesión supuestamente irregular del Registro de Comercio por 15 años adicionales a Fundempresa. Finalmente, por supuestos atentados contra la libertad de expresión con la aprobación de un decreto supremo.
Si en la primera votación no se lograra el número de votos necesarios para la autorización, deberá procederse a una segunda votación dentro del mismo período legislativo. No obstante, si en el segundo intento tampoco se logran los votos requeridos, se rechazará la autorización y se archivarán los obrados, según la norma.
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